Recientemente conocimos la noticia referida a las dificultades que tendría FACUA-Consumidores en Acción para acceder a las subvenciones de la Junta de Andalucía por formular la solicitud en términos que suponen una vulneración de la Ley de Subvenciones de la Junta de Andalucía. Evidentemente, esta decisión administrativa despierta la curiosidad e induce a conocer el motivo por el que la Junta rechaza la solicitud de una subvención que se suele otorgar periódicamente y sin mayor problema, salvo que la vulneración de la citada ley observe alguna irregularidad relativa a las cuantías o que el solicitante se haya acordado de la madre de algún funcionario o se cisque en los muertos de algún dignatario, tal como insta algún sindicato rehusando las cartas del Gobierno comunicando las exiguas subidas del 0,25% a los pensionistas. Pero no. No hubo agravio escatológico ni mancilla alguna.
El problema estriba en que la “infractora” asociación redactó la solicitud escribiendo que se llama “FACUA-Consumidores en Acción y se dedica a preservar los derechos de los consumidores y usuarios”. Ahora, si le parece bien, vuelva a leer el entrecomillado las veces que sean necesarias hasta que logre detectar un atisbo de posible infracción. ¿No lo encuentra? Pues la Junta ha rechazado el escrito por dos incorrecciones que se apresta a rectificar condicionando la subvención a las siguientes obligadas correcciones: “No se aceptan los términos `consumidores´ y `usuarios´, debiendo rectificar con la expresión `personas consumidoras´ y `personas usuarias´, términos más adecuados y aceptados por la Ley de Subvenciones”.
O sea, lo que impide acceder a la subvención es llamar a los consumidores “consumidores” y a los usuarios “usuarios”. En fin.
Lo peor de este asunto radica en el alcance de estas medidas correctoras que estarán perjudicando a otras organizaciones “campeonas” en esto de las copiosas y reiteradas subvenciones de la Junta de Andalucía. Quiero referirme a sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT) que, como se desprende de su propio nombre, incumple e infringe la normativa de la Junta. Sin embargo, cabe destacar el estoico e imperturbable gesto de la UGT que no ha cambiado su centenario nombre y mantiene “Trabajadores” a pesar de las exigencias de la Junta de Andalucía que, como es natural, no le pagará las subvenciones en aplicación de las mismas restricciones y criterio hasta tanto no rectifique Trabajadores por “Personas Trabajadoras”, y aparezcan sus nuevas siglas como UGPT. No obstante, esta progresía de salón y sobreactuación no llegará a tanto tratándose de afectos entre sí y para ellos y ellas.
La Junta se prevale de su posición preeminente para domeñar, confundiendo sus obligaciones administrativas con el otorgamiento providencialista. Hemos cambiado formulas casposas “cuya vida guarde Dios muchos años…” por “personas usuarias”; quizá para diferenciarnos de los “animales usuarios”. Ya saben, animales usuarios de un sendero, apostadero, abrevadero, nidificación, baobab, charca, promontorio…
La Junta de Andalucía entiende que quien paga obliga y manda. Así, impone unas señas de identidad partidistas a todos los que nos asiste el derecho sin aditamentos y formulismos sectarios, pero los usa como condición para otorgar concesiones o subvenciones que nos corresponden en justicia. O aceptas los preceptos o te quedas señalado y al margen; experiencia ya referenciada en pretéritas actuaciones del Movimiento Nacional.
En otros momentos la “uniformidad” revolucionaria comenzó por el discurso y arenga del lenguaje identitario hasta llegar a vestir a todos y todas con el cuello estilo Mao, budenovka, chándal bolivariano… y la cruz gamada. Todo es cuestión de comenzar por pervertir el lenguaje, lo demás es cuestión de tiempo e insistencia.
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