Hace seis años visité el campo de exterminio de Auschwitz junto a mi hijo y un amigo de su edad, por entonces adolescentes. La guía que nos acompañaba no usó un solo adjetivo que pretendiera añadir dramatismo a lo que estábamos viendo. No era necesario, la barbarie se respira en cada esquina. Sólo insistía una y otra vez, dirigiéndose a los más jóvenes, que aquellos no eran campos de exterminio polacos, sino nazis, evitando la asociación que puede hacer quien no conozca la historia del Holocausto.
Ahora, Polonia acaba de aprobar una ley que castigará con penas de hasta tres años de cárcel a aquel que hable de "campos de exterminio polacos" o insinúe que la "nación polaca" fue cómplice de los crímenes del nazismo. El presidente polaco Andrzej Duda sostiene que la ley es necesaria para limpiar la dignidad de su país, mientras expertos y gobiernos como los de EE.UU. e Israel creen que se pretende imponer por decreto una mirada que mutilará la verdad histórica.
A estas alturas, nadie duda de que Polonia fue víctima de la expansión nazi y su territorio, forzado subcontratista de su principal maquinaria genocida que Hitler quiso lejos de Alemania. Así que es razonable su intento de evitar referencias a los campos de exterminio polacos, cuando en realidad eran nazis.
Pero nadie medianamente informado considerará hoy que el adjetivo "polaco" criminaliza al país asociándolo con el nazismo y en todo caso su uso, voluntario o no, es una imprecisión léxica que no puede considerarse crimen que merezca cárcel. En cuanto a la complicidad de la "nación polaca", el otro de los conceptos perseguidos por esa ley, es tan amplio que puede llegar a usarse contra quien documente la evidencia histórica de que, junto a muchos polacos que combatieron el nazismo y protegieron a los judíos, también los hubo por miles que los denunciaron, persiguieron y llevaron a la cámara de gas. Y pretender criminalizar por ley a quien así lo escriba es una evidente forma de negacionismo.
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