Debate político revisable

Soy un firme partidario de la reeducación y de la reinserción social como fines últimos del sistema penitenciario. También creo que no se debe confundir la justicia con la venganza. La teoría al respecto ocupa largos estantes en las bibliotecas de las facultades de Derecho. Sin embargo, cada cierto tiempo tenemos noticias desgraciadas de que sujetos encarcelados por delitos horripilantes -y que han tenido la suerte de aprovecharse de una serie de beneficios penitenciarios- han salido pronto a la calle y han vuelto a cometer esos mismos y horripilantes delitos, con el agravante de que ya estábamos sobre aviso. Y esto no es algo que sólo sepa yo. Acaba de hacerse pública la carta que el asesino de Diana Quer enviaba a sus padres desde prisión, asegurándoles que en siete años ya estaría en la calle. Y ya es casualidad, pero resulta que el Congreso debate hoy el asunto de la prisión permanente revisable y yo, que no soy jurista ni legislador, asisto perplejo a la discusión sobre su derogación. No se trata de legislar en caliente, en tibio o en frío, sino de responder a una preocupación colectiva de la sociedad española, que no quiere entrar en estrategias políticas y aspira, simplemente, a sentirse segura. La prisión permanente revisable es una medida que existe en países como el Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Austria y Dinamarca. Esto es algo que no deben perder de vista nuestros políticos, que en este caso han dado la sensación de ir a tumbar un proyecto movidos por el legítimo, pero muchas veces improductivo, afán de segar la hierba bajo los pies del gobernante. Entre las apelaciones al buenismo adanista de unos y los vaivenes de otros, el debate sobre la prisión permanente revisable puede convertirse hoy en un lamentable ejercicio de impostación y táctica política que desprecie el mandato ciudadano de dar respuestas a las inquietudes de una amplia mayoría.