La situación política en nuestro País no atraviesa precisamente por sus mejor momento. La parálisis institucional que se vive en Cataluña por mor de los partidos independentistas que siguen empeñados, erre que erre, en hacer Presidente de la Generalitat a alguien que tiene causas pendientes con la justicia, llámese Puigdemont, Jordi Sánchez o Turul, no tiene visos de que se vaya a resolver a corto plazo. Más bien todo indica que los dirigentes de esos partidos independentistas, de una manera bastante irresponsable, están conduciendo a la sociedad catalana a unas nuevas elecciones autonómicas que tendrían lugar a mediados de julio, sin que eso conlleve ninguna garantía de que esa cita con las urnas vaya a resolver o a desatascar la actual situación.
Ese estado de cosas en Cataluña lleva aparejado que los presupuestos generales del Estado para el presente año puedan dormir el sueño de los justos, ya que el Gobierno, a día de hoy, sólo cuenta con el apoyo de Ciudadanos para aprobarlos, un apoyo insuficiente, que requeriría, al menos, que también el PNV diera su sí a las cuentas públicas. Pero esto no sucederá -según han dejado claro los propios nacionalistas vascos- mientras que en Cataluña siga vigente el famoso artículo 155 de la Constitución y Rajoy ha dicho por activa y por pasiva que eso será así hasta que se constituya un gobierno en Cataluña con un Presidente al frente.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en las últimas semanas, el escándalo por las irregularidades detectadas en torno al master de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha embarrado más el terreno de lo público. Cada día surgen nuevas noticias que afectan a los currículos, a los cursos de post-grado, a las licenciaturas universitarias de políticos de diferentes partidos. La desconfianza hacia la clase política vuelve a tomar cuerpo en la ciudadanía y de paso se ve afectado el prestigio de la Universidad española, algo que no es una cuestión baladí.
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