El ministro Montoro

Resulta muy difícil entender la postura del ministro Montoro sobre la utilización de dinero público en el referéndum del 1-O. Solo la prepotencia y el empecinamiento infantil en mostrarse a la sociedad como un gestor intachable, podrían justificar la negación de una evidencia, apoyada en la ingente cantidad de facturas que la Guardia Civil ha aportado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Con su negativa a aceptar dicho uso de fondos públicos, el ministro de Hacienda cuestiona el delito de malversación; una de las acusaciones en que el magistrado basa el procesamiento de varios de los implicados. Y, sobre todo, niega uno de los dos delitos -malversación y rebelión-- con los que Llarena cursó la orden de detención internacional contra Puigdemont.

Si el Gobierno español ha demostrado una escasísima eficacia a lo largo de estos meses, para contrarrestar el relato victimista de los independentistas catalanes, este es un palo más en la rueda de la petición de extradición para los fugados.

Es inconcebible que, habiendo delegado la resolución del problema territorial, el más grave de los conflictos políticos desde la transición, en las manos de la Justicia, se cuestione la labor de un ministerio sobre otro,  Hacienda sobre Interior, a la hora de aportar al juez pruebas sobre los presuntos delitos cometidos por los protagonistas del ‘procés’.

Se comprende perfectamente el profundo malestar en la judicatura con las declaraciones de Cristóbal Montoro por las dificultades que añade a la labor que los fiscales han intentado llevar a cabo en La Haya para convencer a sus homólogos europeos de la fundamentación de los delitos que justificarían la euroorden.

Como sorprendente es que el ministerio que él dirige presentara una denuncia el pasado 20 de octubre en el Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Omnium por la utilización de dinero público en el referéndum. ¿En qué quedamos? 

Montoro debe explicar a Llarena en que se basa para asegurar que no ha habido ningún desvío de fondos y está obligado a comparecer ante el Congreso para justificar su gestión. Mientras tanto, los procesados tienen un argumento más para defender su inocencia y comparecer mucho mas altivos ante el juez.