Mi amigo José Juan Toharia me pasa un vídeo en el que se recoge un interesante experimento hecho con 22 escolares catalanes de distintas edades y sexo sobre el cuento de Caperucita y el lobo y cómo la sensibilidad social reclama una reflexión profunda sobre la igualdad, porque como dice uno de los niños, podemos ser diferentes por fuera, pero por dentro todos somos personas. El movimiento social está consiguiendo -queda mucho por hacer- que no haya diferencias entre hombres y mujeres ni brechas de ningún tipo. Al menos en nuestro mundo, que en otros las distancias son infinitas. Es de justicia y ya es hora. ¡Ojalá sirviera eso también para la política y para otras muchas facetas de la vida social. El pensamiento colectivo está ayudando a conseguirlo y hay que tratar de que esa voz empiece en la escuela y no se detenga en ningún momento. Estamos hablando de dignidad, no solo de derechos. La igualdad real no es negociable.
Pero hay que actuar con reflexión. No puede ser que los principios de los dirigentes políticos sean solo los que marca la calle. Tiene que haber algo más. El PP ha sostenido durante estos últimos años que las pensiones deberían modular su crecimiento por la crisis económica y ha agotado la hucha de las pensiones mientras se negaba a poner un impuesto a las grandes empresas. Ponía sus principios por encima de la voz de la calle. Se podían equivocar y eso lo veríamos en las siguientes elecciones. Incluso pactó con cierto disgusto con Ciudadanos una subida de las pensiones más bajas, sin violentar su pensamiento básico. Pero han bastado algunas movilizaciones en la calle y, sobre todo la imposibilidad de aprobar los presupuestos, para dejar al pie de los caballos a Ciudadanos, venderse al PNV, subir las pensiones un 1,6 por ciento a todos y financiar la subida con un impuesto a las grandes empresas tecnológicas. No digo que no esté bien, digo lo de Groucho Marx: “estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”. Haría mejor el PP en aceptar la oferta de Pedro Sánchez y discutir y firmar un pacto que garantice el futuro de todas las pensiones con seriedad, rigor y reflexión.
Con lo de la Justicia sucede lo mismo y corremos un riesgo gravísimo. La sentencia contra La Manada ha provocado un gran escándalo y a muchos, efectivamente, la sentencia nos parece excesivamente blanda. Los políticos, incluido el ministro de Justicia, se han lanzado a pedir una urgente reforma de la legalidad para poner penas más graves a estos delitos. Corremos un grave riesgo si, como decía Ortega, solo escuchamos “el ruido de la calle”. María Peral, unas de las mejores periodistas jurídicas de España, escribe que “no importa lo que diga la sentencia. Hay que machacar al tribunal porque no ha resuelto conforme al veredicto del pueblo. ¡Qué peligro!”. Una campaña en Change.org para pedir “la inhabilitación del tribunal”, lleva recogidas ya ¡más de 1.200.000 firmas! No se critica sólo la sentencia, que es legítimo, se pide echar a los jueces que la han impartido. Hay que escuchar a la calle y cambiar las leyes que sea necesario, pero los decibelios de la calle y la presunción de culpabilidad no pueden condicionar la independencia judicial. Sobre todo si queremos seguir siendo un Estado de Derecho.
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