El Gobierno incumple las leyes con Almería

El Gobierno de Rajoy ha pasado años desoyendo la petición que le hemos hecho una y otra vez desde el PSOE para que bonificara el agua desalada en la provincia de Almería, tal como estaba haciendo en provincias cercanas, como Murcia y Alicante. Pese a que la petición era más que razonable, cada vez que lo hemos pedido, el PP se ha dedicado a echar balones fuera.

Con la aprobación, el pasado 6 de marzo, de la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, al PP se le han acabado las excusas. La ley dice textualmente que el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros el metro cúbico. Sin embargo, esta medida no se está cumpliendo. Por duro que sea hablar en estos términos, el Gobierno está incumpliendo una ley emanada de las Cortes.

La misma ley dice también que el Gobierno aprobará, con carácter urgente, un plan de choque para priorizar el uso del agua procedente de la desalación, mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes. En Almería tenemos pendientes, entre otras obras, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora y la ampliación de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías, además de la construcción de las conducciones al Campo de Tabernas y, pese a ello, el Gobierno se ha olvidado de todos estos proyectos a la hora de redactar los Presupuestos Generales del Estado que pretende aprobar para este 2018.

Leyendo esta ley, uno encuentra también que el Gobierno impulsará la reutilización de aguas depuradas para riego. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy tampoco ha previsto acometer este año la necesaria ampliación de depuradoras como las de Adra, El Ejido y Roquetas, que, juntas, podrían aportar una considerable cantidad de recursos hídricos a la agricultura del Poniente.

Podríamos seguir durante mucho tiempo analizando el articulado de la Ley de medidas urgentes ante la sequía, pero sólo apuntaré un incumplimiento más. Según esta ley, el Gobierno está obligado a incrementar la inversión en seguros agrarios y, como adivinarán, esto tampoco se ha producido.

El campo almeriense no merece más agravios. Los almerienses estamos cansados de ser los que menos dinero recibimos, pese a que somos siempre los primeros para pagar. De modo que no le pedimos al Gobierno ninguna medida de gracia, no pedimos que se moje con Almería ni queremos ningún trato de favor: queremos lo que nos corresponde por justicia y, sobre todo, lo que nos corresponde por ley.