Uno de cada tres pueblos almerienses está en riesgo de desaparecer como consecuencia del despoblamiento. De los 103 municipios de nuestra provincia, 37 tienen una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el umbral que utiliza la Unión Europea para calificar el problema de grave. Por comarcas, las más afectadas son la Alpujarra, Nacimiento, el Campo de Tabernas y Los Vélez.
La emigración desde las zonas rurales del interior hacia la franja costera es un fenómeno que lleva décadas produciéndose y que necesita de políticas públicas de contención, si no queremos perder el riquísimo patrimonio cultural que suponen nuestros pueblos. Por eso, en el año 2007, con un gobierno socialista en La Moncloa, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que contenía importantes medidas para multiplicar las posibilidades de vida en el mundo rural. Aquella fue una gran oportunidad perdida, ya que, en cuanto Rajoy llegó a La Moncloa, paralizó de facto esta ley, por la vía de cortarle la financiación.
En seis años de gobierno, el PP no ha hecho nada para mejorar el desarrollo rural. Nuestros pueblos pequeños ya no pueden esperar más y por eso los socialistas hemos decidido tomar cartas en el asunto.
Ante la tramitación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, los socialistas hemos presentado enmiendas por valor de 330 millones de euros para que nuestros pueblos recuperen su futuro. En primer lugar, hemos pedido que se destinen 80 millones de euros a la redacción de un Plan Estatal de Despoblación, que, partiendo de un diagnóstico minucioso, establezca las grandes líneas de trabajo que han de seguirse para fijar la población a las zonas rurales.
Además, hay que recuperar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y empezar a aplicarla. Para ello hemos pedido que se destinen 150 millones de euros. Esta cantidad permitiría, por ejemplo, poner en marcha los planes quinquenales que preveía la Ley y que, en el caso de la provincia de Almería, eran de aplicación en comarcas como las de la Alpujarra y el Campo de Tabernas.
Finalmente, también hemos presentado una enmienda para que se destinen otros 100 millones de euros para llevar la banda ancha a cada rincón del territorio nacional, de modo que el acceso de calidad a internet deje de ser una cuestión que dependa de que las empresas lo encuentren o no rentable.
Confiamos en que, tanto el PP como el resto de formaciones políticas representadas en las Cortes tomen en consideración estas enmiendas y arrimen el hombro para solucionar un problema que es de todos.
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