La Rural de Canarias prefiere a Cajamar

La injerencia de poderes ajenos al negocio en algunas entidades financieras, principalmente en las que son públicas o cuasipúblicas, como las cajas de ahorros y las cajas rurales, ha sido una constante en los últimos tiempos. Y el resultado a la vista está. Se puede decir que están salvando mucho mejor la situación las entidades que han sido administradas con criterios estrictamente profesionales que aquellas en las que, en la toma de decisiones, han intervenido agentes extraños. Paradigmático fue el caso de Cajasur, regida por los obispos, o el de Caja Castilla-La Mancha, presidida por un político, o el de la CAM o Caixa Catalunya, también con fuerte componente político en su dirección. En Canarias se libra estos días una batalla de este calibre. Paulino Rivero, presidente del Gobierno autónomo, está empeñado en la unión de sus dos cajas rurales -Cajasiete, de Santa Cruz de Tenerife, y Caja Rural de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria- y para ello no escatima presiones de ningún tipo. El movimiento bancario de los últimos meses le ha dejado sin Caja Insular de Canarias, que se fue a Bankia, y sin CajaCanarias, que ha optado por Banca Cívica, y teme que le pase igual con las dos cajas rurales. Pero la dirección de Caja Rural de Canarias lo tiene claro: el mejor futuro que le pueden dar a la entidad y el mejor servicio que pueden ofrecer a sus cooperativistas pasa por la unión con Cajamar. En la ‘lucha’, a Rivero le ha salido un ‘enemigo’ con el que no contaba: los trabajadores de la entidad, en democrática asamblea, han decidido que la mejor opción pasa por emparejarse con la caja almeriense. Las amenazas de veto de don Paulino responden más a un interés político que a un interés de los palmenses. Veremos cómo acaba la película.