Acercamiento de presos

Los políticos presos a causa del intento de golpe de estado institucional en Cataluña deberían, como todos los presos, cumplir sus sentencias en establecimientos penitenciarios próximos a sus lugares de residencia, por un imperativo de estricta justicia, pues la pena recae sobre el reo, y no sobre sus padres, sus hijos, sus parejas o sus hermanos, que bastante tienen con el dolor de alguien tan cercano entre rejas para, encima, añadirle el muy cruel y arbitrario de tener que desplazarse cientos de kilómetros.

Ningún delito hace acreedores de la correspondiente punición a quienes no los cometieron, y por ello las familias de Forn, Romeva, Junqueras y demás detenidos por dirigir la insurrección de los secesionistas catalanes no pueden ser castigadas con ese plus de severidad del alejamiento. 

Se trata, además, de los dirigentes que no huyeron tras cometer sus actos y que acudieron a la llamada de la Justicia para responder de ellos, lo cual debería ser tomado en consideración por el juez al que compete finalmente decretar el acercamiento que contribuiría sin duda a la distensión del conflicto político entreverado con el caso penal que protagonizaron.

Otra cosa es, ciertamente, que se crea, se tema o se sospeche que el traslado de esos presos a cárceles catalanas se convierta en poco menos que un cachondeo por el supuesto trato de favor y las facilidades que recibirían en esos establecimientos dependientes de la Generalitat que gobierna un Torra teledirigido por el fugado Puigdemont. Si se teme eso, que se plantee abiertamente y se evite,  pero una suposición no puede laminar el derecho de todo preso a que no se sume a su castigo el del destierro.

Trasládese a esos ciudadanos españoles a cárceles de su región en tanto se celebra el juicio que debe determinar su culpabilidad o su inocencia, y que éste se celebre cuanto antes por justicia y por no seguir distorsionando la acción política reparadora del mucho daño causado a España y a Cataluña por la asonada.