Puigdemont reaparece

Si lo del tribunal de Schleswig Holstein sobre Puigdemont (malversación sí, rebelión no) desborda a los juristas por falta de precedentes o, simplemente, por encaje imposible en los marcos de su canónica sabiduría, habrá que apelar al sentido común. Y tal vez así podamos abrirnos paso en el culebrón. Atenta contra el sentido común el mencionado tribunal regional al considerar inaceptable la entrega a España del reaparecido ex presidente de la Generalitat -llevaba unas semanas extraviado por Alemania- por el delito de rebelión, pues no hubo tanta violencia como para poner en peligro el orden constitucional. 

A cualquiera se le ocurre deducir que si en el golpe del soberanismo catalán se hubiera alcanzado un nivel de violencia capaz de acabar con el orden constitucional, que era el objetivo claramente sedicioso, la rebelión habría cubierto sus objetivos y el cabecilla no estaría reclamado a estas alturas por la Justicia española. Sin embargo, es lo que hay. Alemania entregará a España a Puigdemont si solo se le juzga por malversación de fondos y no por rebelión. Y lo previsible es que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, de la que ahora dependen los procesados (el juez Llarena ya concluyó la instrucción del sumario), no acepte la entrega en esas condiciones. Un tanto conminatorias, dicho sea de paso. Si la Justicia española aceptase la entrega para juzgarle solo por malversación, mientras otros procesados lo son por rebelión, se rompería la unidad de causa. Y algo peor, se estaría abdicando del supremo principio de soberanía nacional. Justamente el que inspira el funcionamiento del Estado y su entramado legal.

En ese principio se basa el poder y la función judicial que la Constitución española encomienda a los tribunales. A los españoles, por supuesto. No a los alemanes, que no son quienes para orientar o dirigir el trabajo de nuestros jueces. Ni para decirles por lo que pueden o no pueden juzgar al ex presidente de la Generalitat.

La controvertida resolución del tribunal alemán ha sido inmediatamente incorporada al tramposo discurso del soberanismo catalán, que la ha interpretado como "una derrota del Estado español".

A pesar de la política de apaciguamiento del nuevo Gobierno socialista, Puigdemont, Torra y compañía siguen proclamando su innegociable objetivo de ruptura con la Constitución y con el Estado español. O sea, romper el orden constitucional, de forma muy similar a lo que en Alemania sería considerado delito de alta traición, según el artículo 81 del código penal germano.