Taxistas en guerra

Los taxistas le están dando el verano al recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez y nos han amargado  el comienzo de las vacaciones a muchos. Su huelga ha conseguido colapsar las grandes ciudades y yo todavía no se bien por qué si hay una legislación aprobada no se ha cumplido, y si se ha hecho por qué no se nos explica claramente en qué no están de acuerdo los huelguistas. He escuchado su grito de ¡guerra, guerra, guerra!, y he visto cómo algunos de sus miembros han utilizado métodos muy violentos e inaceptables para poner de manifiesto sus reivindicaciones. 

Me hubiera gustado oír su voz igualmente cuando los usuarios nos hemos quejado sobre la limpieza de los taxis y la higiene personal o la falta de educación de los taxistas que en muchos casos, era y sigue siendo manifiestamente mejorable. También me habría encantado que al menos una vez hubieran reconocido que sus enemigos --porque para ellos no son competidores, sino enemigos a aniquilar-- van limpios visten con traje y corbata, sus vehículos están impecables y ofrecen Wi-Fi gratis y revistas para hacer más corto el camino. Si en cualquier negocio la calidad del servicio cuenta en esto también y hay que reconocer que, aunque no se puede generalizar, en los servicios del taxi conviene aplicarse aquello de “renovarse o morir” y a veces para hacerlo es muy bueno que exista competencia.

En España, según los datos disponibles de septiembre del 2017 hay 67.089 licencias de taxi y cerca de 7000 de VTC, según el Ministerio de Fomento. Es decir: un vehículo de alquiler con conductor por cada 10 taxis. Sin embargo, en algunas provincias esta diferencia se reduce: un VTC por cada siete taxis en la provincia de Madrid, uno por cada cinco en la provincia de Málaga y un vehículo de alquiler con conductor por  cada tres licencias de taxi en Cantabria. Según la ley de transporte, debería haber uno por cada 30 taxis, aunque matiza que “las comunidades podrán modificar la regla de la proporcionalidad”.

Aunque los taxistas tienen razón especialmente cuando apelan al cumplimiento de la ley, lo cierto es que las formas en que se está manejando el asunto dejan mucho que desear. Ya no solo porque un día sí y otro también aparezca algún vehículo con conductor apedreado, manchado de pintura, con las puertas arrancadas, la ruedas pinchadas, o en los casos más graves se hayan producido incendios intencionados en sus talleres si no porque no se puede apelar a la falta de seguridad de los viajeros y meter el miedo en el cuerpo para evitar la competencia si esta es legal y está perfectamente aceptada.

Sea como fuere “la presencia cada vez mayor de estas plataformas en España ha agudizado el conflicto con los taxistas. Ambos negocios precisan de licencia, pero las de taxi valen unas tres veces más, porque los VTC tienen ciertas limitaciones. En Madrid, por ejemplo, los anuncios de los taxistas que buscan jubilarse indican que traspasan sus

licencias por entre 150.000 y 170.000, aproximadamente. Los anuncios de VTC, más escasos, hablan de cerca de 40.000 euros”, según afirmaba yo misma hace unos meses en esta columna.

La diferencia entre licencia de taxi y la de conductores es que no pueden captar clientes por la calle, ni salir del coche a buscarlo ni repartir panfletos publicitarios para ganar clientes.

Más del 90% de los usuarios del taxi procede de la captación en la calle y aunque cada vez se está introduciendo más el servicio telemático de petición de taxi , lo cierto es que con buena voluntad y siempre cumpliendo la ley podrían operar todos sin problema.

Este asunto, con múltiples aristas, se ha convertido en una patata caliente para este gobierno. En una entrevista que le hice al ministro de Fomento José Luis Ábalos hace unos días me decía textualmente lo siguiente.

P.- Ministro ¿es posible la convivencia entre Uber, Cabify y taxis?

R.- Sí, creo que la convivencia entre taxis, Uber y Cabify es posible si todos cumplimos lo acordado. En el caso de Barcelona hay una invasión de competencias por parte del área metropolitana que genera un precedente peligroso, porque cualquier otra Administración podría hacer lo mismo, y al gobierno le corresponde velar para que no haya agravios. Hemos decidido pedir que no se aplique la medida cautelar si con eso se puede bajar la tensión. Llama la atención, eso sí, que se quiera reivindicar la convivencia y se actúe saltándose cualquier convivencia.

P.- ¿Fomento daría vía libre a las Comunidades Autónomas para imponer esas segundas licencias de las VTC en las ciudades?

R.- Estamos dispuestos a delegar la gestión a las Comunidades Autónomas pero no eso no es una cesión de competencias. Claro, que ellas tienen que querer, y también los grupos parlamentarios.

O se ponen las pilas o lo van pasar mal porque no se pueden poner puertas al campo y si la competencia, cumpliendo la ley, ofrece un mejor servicio y más barato sus reivindicaciones por mucho que sean razonables caerán al final en saco roto.

Cuando escribí estas líneas, el secretario de Estado de infraestructuras, transporte y vivienda Pedro Saura pedía a los taxistas que levantaran los paros. 

“Hemos hecho una propuesta muy meditada , porque no se puede generar ningún efecto, negativo sobre los ciudadanos y el marco regulatorio tiene que proteger a todos”, afirmaba tras insistir en que la situación actual responde a un problema estructural “heredado del PP y que en 40 días de gobierno socialista no pueden haber hecho muchas cosas mal”, se lamentaba, y tal vez tenga razón pero ahora gobiernan ellos y los taxistas siguen con su ¡guerra, guerra, guerra! en una especie de chantaje en la que todos somos sus rehenes.

Si el Congreso aprobó la normativa para fijar en una licencia de VTC por cada 30 de taxi la ley debe cumplirse. Pero claro eso es una cosa y otra bien distinta es que la huelga esconda la pretensión de que no haya libre competencia en ese sector y que se perpetúe un sistema de servicio público que sea un monopolio donde se trapichea con las licencias se pasen de padres a hijos y los precios sean abusivos, ¿y eso no se debería regular?