Los árboles de la Plaza Vieja

En la España autonómica que nos hemos dado hay tres niveles de Administración: la local (que incluye a la provincia), la autonómica y la estatal, además de la europea. En el deseo de acaparar cada vez más poder, las distintas Administraciones tienen tendencia a invadir competencias que les corresponden a otro nivel administrativo. Por esa razón son continuos los recursos ante el Tribunal Constitucional. 

Las competencias locales, las de los Ayuntamientos (y Diputaciones, habría que decir para ser precisos), son las más comprensibles para los ciudadanos, por la lógica cercanía. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que la decisión de colocar un banco en el Paseo corresponde al Ayuntamiento y no a la Junta de Andalucía. Como establecer la hora de recogida de basura, regular los semáforos o decidir cuántas farolas se ponen en el Parque. Son asuntos que incumben al Gobierno local y son el alcalde y los concejales quienes deciden sobre ellos. Unas veces con aciertos y otras con errores. Ya dirán después los ciudadanos con sus votos si ha habido más de los unos o de los otros.

Durante los últimos meses los vecinos de la ciudad de Almería están viendo y viviendo una polémica que raya el esperpento. Su corporación municipal, que, nunca se olvide, representa la voluntad democrática de la ciudadanía, ha decidido que unos árboles que están plantados en la Plaza Vieja desde hace unos años van a ser sustituidos por otros y colocados en otro lugar de la misma plaza. La decisión gusta a unos y disgusta a otros, como es lógico. Es el propio Ayuntamiento quien tiene que valorar la reacción de sus administrados. Hecha esa valoración, o no hecha, que igual da, la última palabra la debe tener y la tiene el propio Ayuntamiento en base a su capacidad legal. ¿Debe otra Administración interponerse o dificultar esta capacidad decisoria? Creo que no debe.

Por esto, me produce espanto cuando leo titulares de este calibre: “La Junta de Andalucía impide quitar los árboles de la Plaza Vieja”. ¿De verdad que debe ser el Gobierno autonómico quien decida qué árboles debe haber en la Plaza Vieja y dónde deben estar situados? Me parecería ridículo, porque no se trata de algunas especies en peligro de extinción o que requieran de una especial protección. No, se trata de unos vulgares ficus. Unos ficus que de igual forma que una Corporación decide quitarlos, otra puede decidir plantarlos. O viceversa.

La historia de las obras de la Plaza Vieja es tan rancia como cansina. Posiblemente los lectores no lo recordarán, pero las primeras fases de las obras de remodelación del Ayuntamiento eran promovidas no por el propio Ayuntamiento, sino por la Junta de Andalucía. Los rifirrafes entre ambas Administraciones eran frecuentes. ¿Qué pinta –pregunté entonces- la Junta haciendo las obras de un Ayuntamiento? Debieron oírme, porque después la reanudación de las obras ha correspondido al consistorio. Cuestión aparte es que Cultura vele por que se respete el valor histórico-arquitectónico. Pero para eso no hacía falta coger también la paleta. La paleta hay que dejársela al titular del inmueble.

La Plaza Vieja no altera su valor arquitectónico con ficus o sin ficus, con unos árboles más o menos o unos árboles colocados aquí o allí. Cualquier decisión que tome el Ayuntamiento en este sentido puede ser alterada por otro Ayuntamiento sin disminuir para nada el valor monumental. El Ayuntamiento tiene incluso legitimidad para equivocarse. Sería una actitud poco democrática valerse de argucias o triquiñuelas para impedir que el Ayuntamiento quite o ponga en la Plaza Vieja los árboles que considere oportunos. Y lo mismo puede decirse del Pingurucho: tan legitimado estaba aquel Ayuntamiento para colocarlo ahí como legitimado está éste para ponerlo en otro lugar. Parece que algunos no saben que en democracia se funciona así.