No es seguro que el proyecto de Presupuestos cocinado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez consiga salir adelante porque la suma de diputados del PSOE y Podemos no alcanza la mayoría y, en consecuencia, necesitan el concurso de otros partidos. Es seguro que los apoyaran los cinco diputados del PNV y los dos de Bildu;probable el de los 4 de la formación valenciana Compromís; negociable el de los dos diputados canarios y están en el aire,emboscados tras un ultimátum- también podría hablarse de chantaje- los 8 de ERC y los siete del PDeCAT.
El Partido Popular que tiene mayoría en el Senado y Ciudadanos están en contra del proyecto. Foro Asturias y el diputado navarro de UPN tampoco apoyaran el proyecto.El proyecto es políticamente muy polémico y su recorrido parlamentario, incierto. Gran parte de esa incertidumbre tiene que ver con las condiciones abiertamente contrarias a la Constitución que imponen los dirigentes de los dos partidos separatistas catalanes. Exigen el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la retirada de los cargos que pesan sobre los político catalanes presos por su presunta participación en los actos sediciosos que tuvieron lugar el pasado año en Cataluña. La primera de esas exigencias es abiertamente contraria a la Constitución,la segunda atenta con la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial,piedra angular de todos sistema democrático. Por decirlo en corto: son inasumibles para el actual y para cualquier otro Gobierno de España cuya primera obligación es cumplir y hacer cumplir la ley.
Así las cosas, merece la pena detenerse un minuto para analizar un aspecto del proyecto de Presupuestos pactado entre el PSOE y Podemos que contempla una partida de alrededor de 2.200 millones de euros para Cataluña. Es, con mucho la partida más abultada con destino a una comunidad autónoma .El déficit de inversiones en infraestructuras y las carencias en materia de sanidad y otros servicios, en parte acentuadas por la dejadez de los sucesivos gobiernos nacionalistas entregados a la obsesión del "procés", justificaría esa dotación.
Pues bien,los catalanes se van a quedar sin ella por obra del sectarismo de sus actuales dirigentes. Empezando por el presidente de la Generalidad y siguiendo por los respectivos líderes y diputados de ERC y del PDeCAT. A la luz de sus actos se diría que son los verdaderos enemigos del pueblo catalán. Quienes les apoyan, deberían tomar nota.
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