Nuevas oportunidades y derechos

En las últimas semanas, en Andalucía se han tomado importantes medidas que van a mejorar ostensiblemente la vida de muchos ciudadanos. Hace apenas un mes, el curso universitario arrancaba en Andalucía con la noticia de la extensión de la bonificación de las matrículas universitarias al conjunto de enseñanzas superiores. Como se recordará, esta medida del Gobierno andaluz se comenzó aplicando el curso pasado a las universidades andaluzas y este año se ha ampliado al estudiantado andaluz matriculado en la Universidad Nacional a Distancia y en los centros adscritos a las universidades públicas, así como a los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores.

El socialismo andaluz tiene en la igualdad de oportunidades uno de sus principios incuestionables. En esa igualdad de oportunidades se enmarca la decisión de bonificar las matrículas universitarias, pero también cada paso que se da en materia de dependencia, por poner otro ejemplo.

Andalucía ha blindado la Ley de Dependencia durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, en los que el Gobierno central incumplió de manera sistemática su obligación de aportar el 50% de la financiación, llegando a poner menos del 20%, mientras que la Junta asumía el 80% restante.

Afortunadamente, las cosas ya han cambiado en Madrid, pero el compromiso de la Junta con la dependencia se mantiene. Tanto es así, que se acaba de aprobar una inversión adicional de 365 millones de euros y la incorporación al sistema de 17.000 dependientes más. También se ha aprobado en los últimos días —esta vez en el Parlamento, con el impulso del Gobierno—, la nueva Ley de Igualdad de Andalucía, que incluye, entre otras cuestiones, la obligación de actualizar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas en función de lo que suban los precios.

Y para que cada vez haya menos ciudadanos que se queden con una pensión no contributiva por no haber podido cotizar lo suficiente, el Gobierno andaluz también sigue aprobando medidas. La más reciente ha sido la ampliación de los planes de empleo para mayores de 55 años, que han pasado de 15 millones de euros a contar con 60 millones. Con este dinero, la Junta pagará entre 1.300 y 1.700 euros mensuales a los ayuntamientos por cada desempleado mayor de 55 años al que contraten, ayudando así a volver al mercado de trabajo a quienes, con la crisis, se quedaron en paro con una edad avanzada, pero sin los suficientes años cotizados. 

En definitiva, los andaluces tenemos la suerte de contar con un Gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y que vela por que nadie se quede atrás.