Empleo y Discapacidad en la función pública, sí pero…

El ver integrados laboralmente a las personas con discapacidad en las administraciones públicas, es una realidad relativamente reciente. Desde que en 1982 se publicó  la Ley de integración del minusválido, más conocida por la Lismi, que por cierto lo de “ minusvalido” ya va siendo hora de eliminarlo y cambiarlo por la Ley de Integración de personas con otras capacidades; decía que era la única vía que tenían este colectivo para integrarse laboralmente a través de las empresas privadas a través de la reserva del 2% de las plantillas que tuvieran más de 50 trabajadores. 

Esta Ley que fue innovadora en su momento ha demostrado servir para bien poco a la hora de la  integración laboral de las personas con discapacidad y hay que reconocer el papel protagonista que han asumido por un lado las administraciones del Estado, de las Comunidades autónomas y de las administraciones locales y por otro las Federaciones y Asociaciones de personas con discapacidad a través de los Centros Especiales de Empleo. Estos son los dos grandes nichos de empleo estable, mientras las empresas privadas sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores con discapacidad intelectual( salvo honrosas excepciones),  no acaban de poner en la práctica su responsabilidad social corporativa de la que tanto presumen. 

Las administraciones públicas han tenido una clara y decidida evolución a lo largo del tiempo , a la hora de asegurar un porcentaje de plazas en las ofertas de empleo pùblico y del escueto 3% de hace unas décadas, se ha incrementado al 5%,7% o al 10% en las últimas convocatorias de la Junta de Andalucía. 

También el tipo de convocatorias han ido evolucionando con el paso de los años , pasando en un principio de ofertas generalizadas a todas las personas con discapacidad, con lo cual el colectivo de personas con discapacidad intelectual tenían escasas posibilidades de obtener alguna plaza, hacía una discriminación positiva por parte de las administraciones, reservándose como mínimo el 2 % a este colectivo. Esto que ya es una práctica generalizada tanto en las administraciones del Estado como de la Junta de Andalucía y  es de obligado cumplimiento también para las administraciones locales, donde por ejemplo el Ayuntamiento de Almería que aunque tiene en plantilla a 5 trabajadores con discapacidad intelectual, lleva ya demasiados años sin sacar ni bolsa ni oferta para estas personas. En lo que se refiere a la Diputación Provincial de Almería no me consta que en una plantilla cercana a los mil trabajadores, trabaje alguna persona  con discapacidad intelectual y esto se puede extender también a los grandes Ayuntamientos de la provincia como Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vicar, Huercal-Overa, Vera, Nijar ect….

Como es lógico los temarios de las convocatorias para opositores con discapacidad intelectual se adecuan y adaptan a la capacidad cognitiva de estas personas, con una reducción de contenido y de temas. En las últimas ofertas para el Cuerpo Auxiliar administrativo  de la Junta de Andalucía fueron 13 temas y para el Cuerpo de Conserje del Estado 6. 

Hasta ahí todo bien, pero que hay que resaltar que dentro del colectivo que se presentan por este cupo, hay un gran número de síndromes  y de grados de discapacidad que van del 33% , al 65% y al 100% para las personas gravemente afectadas. 

¿ Pero que esta ocurriendo con estas nuevas convocatorias de oferta de empleo publico para opositores con discapacidad intelectual?

Pues que si analizamos el perfil de las personas que están obteniendo plaza, están dentro del colectivo llamado “limites”, que logran un certificado de discapacidad del 33%  casi siempre teniéndose los factores familiares de su entorno y tienen un nivel cognitivo superior al 80%, perteneciendo algunos de ellos a síndromes que le permiten incluso acceder a estudios universitarios, con lo cual parten con una ventaja muy superior a aquellos opositores que se encuentran en la franja de más del 33%  y el  65% y su coeficiente de inteligencia no superara el 75% en la mayoría de los casos. 

Por lo que si queremos establecer parámetros de igualdad en las ofertas de empleo pùblico por el cupo de la discapacidad intelectual, las administraciones se deberían ir planteando establecer dentro de esas ofertas la mitad de las plazas para los opositores que estén entre un 33% y 50% y el resto para lo que estén entre el 50% y el 65%, siempre que acrediten que podrán desarrollar su función , a través del certificado expedido por el Centro provincial de orientación y valoración para las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía, en el caso de nuestra Comunidad.  

Estas reflexiones de un padre con discapacidad intelectual, creo que son cuestiones a valorar por las administraciones públicas cada vez que saquen sus ofertas de empleo , si es que están por garantizar de que todos los opositores puedan acceder a los puestos de trabajo en las mismas condiciones de igualdad.