Rectificar sentencias judiciales a medida de algunos intereses económicos es ejercicio peligroso para la credibilidad de la democracia. Con el rechazo a la política y con la Monarquía en parte cuestionada, el Tribunal Supremo ha protagonizado un episodio inquietante y demasiado gráfico sobre un aspecto de la vida ciudadana tan sentido como son los impuestos sobre la vivienda, la gran aventura económica de las familias españolas. Al golpe al prestigio judicial sentenciando que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados debía pagarlo el comprador y no los bancos, le siguió en horas un regate político de Pedro Sanchez con un decreto-ley que resolvía el problema; solución para lo que venga, aunque no con efecto retroactivo como pide Podemos. La profunda división de los jueces del Supremo refleja la gravedad de la decisión. La decisión del presidente Sanchez acredita cintura política. Puede achacársele poca claridad en su proyecto a medio plazo, pero no se le negará que contribuyó a amainar la protesta popular, que prosigue, pero más residual.
La tremenda semanita que acabamos de vivir en política advierte de que, a pesar de todo, Pedro Sanchez consolida. Las empresas encuestadoras, aunque no le ahorran críticas por colocar a un dirigente socialista al frente del reputado Centro de Investigaciones Sociológicas, admiten que, si hoy hubiera elecciones, Sanchez pasaría de los cien diputados. Insuficiente para gobernar, cierto, pero prueba de que la tendencia al alza se consolida.
Solo faltó la detención de un simpatizante ultraderechista que lanzaba bravatas en Internet sobre su idea de asesinar al Presidente del Gobierno. Parecía más un chiflado que por lo visto quería impresionar a una mujer -una dirigente de Vox- que un terrorista organizado. Pero de chiflados exaltados con 16 armas de fuego en casa, como es el caso, debe cuidarse Sanchez y también la ciudadanía, que recibe a diario a noticias de matanzas indiscriminadas absurdas. El clima de crispación que promueven algunos dirigentes políticos, con entusiasmo de algunos medios, puede acarrear un serio disgusto.
Pero las encuestas, además de la consolidación del PSOE de Sanchez, anuncian el ascenso de Albert Rivera. Las candidaturas de Ciudadanos en Andalucia avanzarán significativamente, aunque se duda de que superen al PP de Pablo Casado. El éxito del mitin de Inés Arrimadas en Málaga, y allí donde vaya, lo anuncia. La alianza de Ciudadanos con el partido de Enmanuel Macron para las europeas le prestigia. Así las cosas, en la campaña andaluza destacan más los desatinos que las propuestas políticas. Errores como el de las juventudes del PP que llaman “rata” en un cartel a la actual presidenta socialista, lo que ha merecido una reconvención del propio candidato popular. Propuesta sorprendente como la de Pablo Casado pidiendo que la Sexta Flota estadounidense en el Mediterráneo se instale en la base andaluza de Rota, lo que no parece entusiasmar a nadie. Susana Diaz, pese a la malversación de fondos públicos de algunos de su partido, revalidará la presidencia, con un ligero retroceso, aunque formar Gobierno se eternice. No se olvide que se vota el dos de diciembre y que el 26 de mayo hay elecciones municipales. Apoyar al PSOE con ese calendario es difícil por lo que no se descarta -atentos- la repetición de comicios en dos meses si hay bloqueo, como marca el Estatuto andaluz. Pero no podía faltar a ese entramado de noticias judiciales y políticas impactantes, la enésima entrega de las escuchas del inefable Comisario Villarejo, esta vez forzando la liquidación por derribo de la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Pablo Casado respetó sus tiempos con comprensión y parece que Mariano Rajoy se molestó mucho porque no sabía de los encargos profesionales de su entonces número dos al policía corrupto; pero Cospedal se marcha. Paradójicamente, su descubridor y enemigo Javier Arenas sigue flotando. Un político de corcho y con mucha correa.
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