Disparate judicial

Que un juez ordene a la Policía que se incaute de los teléfonos móviles de los periodistas, y se registren sus ordenadores, en busca de cuáles son sus fuentes de información, es un disparate legal que atropella lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y pisotea los acuerdos internacionales suscritos por España en orden a los derechos de los periodistas al secreto profesional. En Baleares se ha equivocado el fiscal y se ha equivocado el juez Miquel Florit, que fue quien ordenó las incautaciones y registros. Algo que sería admisible si hubiera de aclararse un secuestro, peligrara la vida de alguna persona o pudiera contribuir a la neutralización de un acto terrorista. Pero el turbio caso Cursach, de Baleares, es una embarrada mezcla de empresarios de la noche, policías, putas y políticos, y los periodistas se han limitado a dar información veraz. La desproporcionada orden del juez nos puede incitar a sospechar de tres cosas: que el juez se ha olvidado de las leyes vigentes y tiene mala memoria; que algún político poderoso influya para que no aparezca alguna información, o que el fiscal y el juez, aplicando lo del fin justifica los medios, hayan prevaricado. Repito lo que he escrito: “nos puede incitar a sospechar”, porque de la misma manera que pido respeto para los periodistas nunca he acusado a nadie sin tener pruebas evidentes.

Las evasiones de la fiscal general del Estado parecen tan elusivas con el atropello como irresponsables. Declarar que la fiscalía y los jueces están a favor de la libertad de expresión y del secreto de las fuentes, después del avasallamiento, es como si el director de una empresa, donde un ejecutivo ha violado a una empleada, se limitara a decir que está a favor de la libertad sexual. Pueden rectificar o perseverar en el error. Pero ha sido un disparate.