La práctica judicial y el sentido común señalan como indicio o síntoma de culpabilidad que alguien a quien nada se ha preguntado ofrezca explicaciones acerca de un hecho. Esta actitud, conocida y documentada desde los tiempos del derecho romano, suele percibirse como una autoacusación por parte de quien, sin venir a cuento, espontáneamente matiza o pormenoriza un hecho sobre el que nadie le ha pedido cuentas. Y es que, como todo el mundo sabe, quien así actúa suele estar mintiendo o tratando de ocultar algo.
Lo comento después de que hayamos podido conocer el inesperado y no solicitado informe de la Presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, admitiendo que lo que durante tantos años se denunció como “administración paralela” del PSOE en el gobierno autónomo no era un invento de la caverna mediática, ni un rumor interesado de los enemigos de Andalucía, sino una abigarrada constelación de agencias, observatorios, oficinas, departamentos y fundaciones en donde han abrevado pecuariamente los compañeros, amigos y familiares del PSOE andaluz. Y así, a pocas horas de abandonar oficialmente San Telmo después de casi cuatro décadas de ordeno y mando, los socialistas reconocen que el régimen clientelar de afines y adeptos suponía un total de 3.405 empleados no contabilizados hasta ahora, 2.137 nóminas a dedo, 270.101 trabajadores a sueldo y 148 cargos de alta dirección. Evidentemente, se trata de un gesto que pretende anticiparse a la auditoría anunciada por el futuro gobierno PP-CS, pero si de entrada ya se reconoce esto, prepárense para las curvas que anuncia este inexplorado camino.
Durante años, el Sindicato Andaluz de Funcionaros pleiteó para conocer estas cifras, que han sido recopiladas ahora en un apabullante documento de 57 páginas. Me pregunto cuántas más habrán sido trituradas o incineradas desde la misma noche en que se conocieron los resultados electorales. Esa es la clave.
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