Alguien aconsejó a Pilar Miralles que se pusiera en contacto conmigo para que le asesorara sobre lo que se podía hacer. Conozco bien el Barrio Alto porque siempre me ha parecido que su degradación no es propia de su posición en el tejido urbano. Por eso me alegré de que por fin se planteara una operación de regeneración, aunque sea muy parcial, en la solicitud a la Unión Europea de fondos FEDER para la Estrategia Urbana EDUSI 2030.
Sin embargo tuve que estudiar a fondo el expediente municipal del Plan Especial NAN-02 y del Proyecto de Expropiación para cumplir su encargo profesional. Descubrí un escrito de su marido de agosto de 2015 aportando documentos (DNI, escritura de propiedad, etc.) y pidiendo información sobre la tramitación que se iniciaba entonces. Se llegó a enterar de lo que se pretendía: Pilar me contó que decía que tendrían que darles otra casa y otra cochera.
Comprobé que la tramitación se había hecho de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes, aprobando las sucesivas fases, comunicando las aprobaciones a los afectados (con dificultades porque algunos de ellos están en paradero desconocido) y fijando el plazo establecido por las leyes para recurrirlas. Las notificaciones sin embargo están redactadas en un lenguaje jurídico que exige un mínimo de formación para entenderlo. Pilar me confesó que incluso había tirado algunas de las cartas recibidas confundiéndolas con publicidad, y que cuando leía alguna, no entendía nada. Hasta que los vecinos y su hija le dijeron que querían quitarle su casa. Fue entonces cuando buscó asesoramiento profesional.
Estaba tan inadvertida que no sólo pagaba puntualmente sus contribuciones, sino que incluso había encargado recientemente la reparación de la cubierta con una tela asfáltica nueva, que le costó 300 euros. Cuando le expliqué que no querían pagarle toda la casa, puso una significativa cara de extrañeza, porque ellos siempre habían pagado el IBI por la totalidad, y en su ficha catastral pone que la casa tiene 96 m2 y un valor de hasta 36.600 €.
La tasación encargada por la empresa municipal Almería XXI empieza advirtiendo que sólo se iban a valorar las superficies registradas, lo que deja fuera el 25% de la superficie total construida existente en el ámbito del Plan. Lo cierto es que así lo dice la ley de expropiación forzosa de 1954. También dice que las valoraciones están condicionadas por factores como el estado de conservación de las propiedades, su edad, y el uso a las que están destinadas.
La casa de Pilar la han considerado abandonada, por lo que los coeficientes de reducción aplicados son tan elevados que el valor final de tasación se queda en unos míseros 14.855 € La verdad es que la situación de las viviendas del Barrio Alto es peculiar, por el gran número de casos de abandono y de ocupación ilegal. La Asociación de Vecinos El Centimillo y el Foro cada vez que se planteaba la posibilidad de actuar en la zona pedíamos que se abriera una oficina para aclarar los derechos de cada vecino. En 2004, 2011 y 2015 el Pleno municipal aprobó una moción (la misma) que no se ha cumplido nunca, ni tampoco ahora.
Con los datos recogidos redacté un recurso que fue rechazado por haberse presentado fuera de plazo. Recurrí entonces al concejal de urbanismo, a los portavoces de la oposición y al alcalde, para pedirles una solución política y justa, pero no me han atendido. Aconsejé a Pilar que se negara a entregar su casa y ahí está, soportando la situación con un coraje admirable. A pesar de su depresión y de que el barrio se va convirtiendo en escombros a su alrededor. Ocasión que aprovechan los carroñeros para buscar gangas entre los restos de las casas a medio demoler. La suya ya ha sido saqueada e incendiada.
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