Durante muchos años, no fue fácil defender en público la teoría de que la Junta del PSOE de Andalucía era el factor limitante más poderoso que tenía Almería. Decir eso en los años en los que el relato oficial del juntandalucismo era rampante y omnipresente requería de anchas espaldas, pues los que así lo escribíamos éramos distinguidos con una amplia gama de desafeccciones, por considerar que tal afirmación era una falsedad tan lesiva como dolosa, que dañaba el espíritu de incontestable éxito que había decretado el PSOE desde Sevilla. Que los hechos y los datos demostrasen que los almerienses estábamos muy lejos de las preocupaciones del gobierno andaluz no importaba: los que así lo sosteníamos éramos lo peor de lo peor. Pero no he venido aquí a contarles mi vida, sino a reflejar esta información del compañero Manuel León en LA VOZ DE ALMERÍA: “El retraso en 536 expedientes hace perder 11.300 empleos”. La noticia recogía un informe hecho público por el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y presentado por la Consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo, que detallaba que Almería es la provincia andaluza con más expedientes medioambientales retenidos por la anterior administración socialista. Trámites burocráticos excesivos y farragosos que por ejemplo hacen que, a día de hoy, Almería capital siga teniendo que atenerse a un Plan General de Ordenación Urbana hecho en 1998, cuando no existía la tecnología que le permite leer esta columna en su móvil o en su ordenador. Valga el dato como ejemplo de cómo estaban las cosas antes y cómo pueden cambiar ahora, que se van a simplificar los trámites para agilizar una gestión cuya parálisis impidió -otro ejemplo- la llegada del Corte Inglés. Súmenle a eso que en apenas cien días se han bajado impuestos y se han empezado a mover las listas de espera. A lo mejor va a ser verdad eso de que otra Andalucía era posible.
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