Avalar el disturbio

No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez me cuesta más trabajo asumir y respetar algunas decisiones judiciales que, lejos de limitarme a no compartir, me provocan el deseo de revolverme en su contra, con independencia del recto criterio de sus señorías. Lo digo porque acaba de conocerse una sentencia del Tribunal Constitucional anulando una condena de la Audiencia de Sevilla de seis meses de cárcel a dos miembros de un comité de huelga que, después de zarandear y empujar a varios policías, ocuparon el despacho de un concejal del Ayuntamiento de Tomares. Según este Tribunal, la sentencia era desproporcionada puesto que se encontraban ejerciendo su derecho a la huelga. Es decir que vivimos en un país en donde, los días de huelga, se puede entrar a las bravas en los edificios y ocupar los despachos que los señores huelguistas estimen oportuno. Es lo que pasa por no blindar el acceso a la carrera judicial y permitir determinadas incorporaciones de matiz político. Y claro, no puedo limitarme a no compartir una decisión tan inquietante, porque me parece un disparate que los señores magistrados avalen judicialmente a la Banda de la Porra. Lo digo también porque no es descartable un horizonte de huelgas, convocatorias y movilizaciones diversas ahora que los sindicatos quieren tomar posiciones ante el próximo gobierno. Porque digo yo que lo que vale para el despacho de un concejal también debe valer para el despacho de un magistrado. ¿Autorizarían los jueces que el derecho a la huelga se defendiese también sobre sus sillones? Habría que verlo.