El 10-N es la mejor salida al bloqueo

La mayoría de comentaristas, articulistas y medios de comunicación en general claman estos días por el resultado final de las negociaciones entabladas entre el PSOE y el resto de partidos para formar un Gobierno, negociaciones que, como se sabe, han abocado en unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. No hay ningún ciudadano español que no deseara  que de esas conversaciones  hubiera resultado un Gobierno para España fuerte, estable y coherente en su formación. Pero, lamentablemente, los deseos no siempre se convierten en realidad. Tal como se había puesto la situación, la solución generada de acudir a unos nuevos comicios no solo es la constitucionalmente posible sino que es la más razonable. Trataré de explicarme.

En cualquier país de nuestro entorno con un parlamento multipartidista y muy fragmentado, el resultado de las elecciones del 28 de abril tenía todos los ingredientes precisos para conformar ese deseado Gobierno fuerte y estable. Ahí es nada, ver cómo dos posiciones ideológicas en principio habituadas al pacto, como son la socialdemócrata (en España, representados por el PSOE) y la liberal (representados por Ciudadanos) conseguían, juntas, cinco diputados más de los que conforman la mayoría absoluta. La formación de Gobierno, en esta situación, estaba cantada. Pero el inexplicable giro político emprendido por Albert Rivera, empeñado en querer arrebatar al Partido Popular la primacía de la derecha, ha dado al traste con lo que tenía apariencia de ser el camino más razonable. En ningún país europeo se ha entendido esta actitud de Ciudadanos. En España, tampoco. En buena parte de su dirección y de sus electores, igualmente tampoco. Todas las encuestas indican que esta actitud errónea de Ciudadanos le pasará una buena factura en las próximas elecciones. Porque la gente no suele votar a un partido que no entiende. Y a Ciudadanos no se le entiende.

Descartado desde el principio el pacto de 180 diputados entre el PSOE y Ciudadanos, que era el pacto más razonable a la vista de los resultados, las alternativas de los socialistas para conformar un Gobierno con apoyo suficiente en el Parlamento resultaban muy difíciles, por no decir casi imposibles. Realizados los descartes naturales (Vox, PP y afines y separatistas), ninguna adición de siglas garantizaba una mayoría parlamentaria. El pacto PSOE-Unidas Podemos, más PNV y el diputado de Revilla, era insuficiente para alcanzar esa mayoría, si bien es cierto que en este caso el debate de investidura se hubiera superado gracias a un caramelo envenenado: la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña.

La conformación de un Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos no garantizaba ninguna estabilidad. En primer lugar, porque no suman los diputados suficientes para conformar una mayoría parlamentaria. Y en segundo lugar, porque antes de formar parte de un Gobierno de España, Podemos debe resolver algunos problemas que tiene de ‘razonabilidad política’, como son su posición ante la Constitución, su confianza en las instituciones del Estado y, sobre todo, el acercamiento ideológico que manifiesta hacia posturas separatistas en Cataluña. No puede –no debe, más bien- estar en el Gobierno de España una formación política que propugna la autodeterminación de las regiones y nacionalidades españolas y que no tiene empacho en calificar de presos políticos a quienes están siendo juzgados por intentar quebrantar desde la Generalitat la unidad territorial del Estado.

Ante una situación política tan compleja, la Constitución establece que la vía a seguir es la que ahora se emprende: que sean los electores quienes vuelvan a pronunciarse ante las urnas. Si ese pronunciamiento diera como resultado una situación similar a la que tenemos, entonces caben dos opciones: un replanteamiento de su posición de todos los partidos políticos o una revisión constitucional que evite situar la gobernabilidad del país en un callejón sin salida. El artículo 99 de la Constitución ha sido eficaz durante cuatro décadas, mientras en parlamento ha tenido una configuración mayoritariamente bipartidista. Con un Parlamento tan atomizado como el que ahora tenemos la Constitución debe establecer otras vías de gobernabilidad.