Octubre revuelto

Octubre se perfila como un mes agitado. Sobre todo en Cataluña y por obra y maniobras de los separatistas que han dado un paso que viene a legitimar la violencia al aprobar en el Parlament una resolución que exige la libertad de siete detenidos a los que la Fiscalía imputa presuntos delitos de terrorismo. La resolución aprobada que se unió a otra que reclama la salida de la Guardia Civil es una vuelta de tuerca a la desesperada en vísperas de que el Supremo dé a conocer la sentencia contra los políticos encarcelados por su presunta participación en el intento de golpe de Estado institucional de octubre de 2017. 

Aunque menguado, el universo separatista intenta agitar a su parroquia aprovechando tanto la sentencia -que barruntan condenatoria- como el aniversario de la fallida proclamación hace dos años de la República catalana. Lo sucedido el jueves en el Parlament desmiente o cuando menos matiza la pretendida división entre ERC y JxCat. Más allá de las diferencias tácticas, siguen del brazo en lo que concierne a la quimera independentista. El Gobierno de España no por estar en funciones puede dejar pasar el desafío a la legalidad que suponen las resoluciones aprobadas por los separatistas. Tiene anunciado que las recurrirá ante el TC pero dada la lentitud con la que opera el Alto Tribunal quizá debería abrir una línea paralela para atajar lo que supone un acto de rebelión. Al exigir la libertad de personas detenidas por orden de un juez de la Audiencia Nacional, pedir “amnistía” para los políticos presos y reclamar la expulsión de la Guardia Civil, el Parlamento de Cataluña se coloca fuera del ámbito de sus competencias. Que al frente de semejantes iniciativas que cuestionan el Estado de Derecho y la separación de poderes se encuentre el presidente de la Generalitat Quim Torra, primera autoridad de aquella comunidad autónoma, plantea un problema añadido. Ante semejante desafío el Gobierno no puede adoptar el papel de espectador.