Bloquear a quien bloquea

Vox, con 4 concejales de 57 en el Ayuntamiento de Madrid, ha bloqueado una declaración institucional con motivo del 8 de marzo y todo indica que hará lo mismo en la Asamblea de Madrid. No es la primera vez, son reincidentes. Sucedió el 25 de noviembre en ambas instituciones madrileñas con motivo del Día contra la Violencia de Género. Y ese bloqueo lo impuso también entonces en otras instituciones autonómicas y municipales y llegó incluso al Congreso de los Diputados. 

Sus formas son tan descaradas que no es necesario ser politólogo doctorado en Harvard para percibir a cien leguas su intención de zancadillear cualquier iniciativa que no encaje en sus obsesiones de banalizar la violencia de género diluyéndola, caricaturizar la lucha feminista o criminalizar cualquier actitud personal que no encaje en sus fronteras morales. Y, a estas alturas, tenemos acumuladas suficientes pruebas como para caer en un buenismo que nos permita aventurar cambios en su desvergüenza.

Pero a estas alturas el problema ya no es que Vox bloquee una declaración institucional sino que las instituciones no modifiquen las normas -o los acuerdos tácitos, caso del Ayuntamiento de Madrid- que establecen una exigencia de unanimidad que, siendo deseable, no debería ser imprescindible. Una condición que no se contempla para que un tribunal dicte una sentencia o para elaborar una ley orgánica, firmar un tratado internacional, declarar la guerra, validar un referéndum o modificar la Constitución, por ejemplo, y que, sin embargo, permite a Vox montar su impresentable circo cada vez que lo estima conveniente.

Así que, convendría bloquear a quien bloquea cuanto antes. Y para hacerlo no se necesita unanimidad, sólo consenso democrático para reformar aquellos reglamentos que permiten su exhibición. Porque los problemas que suscitan las declaraciones institucionales permanecerán, como permanecerán también estos que una y otra vez las bloquean, acallando la voz ciudadana expresada a través de sus legítimos representantes.