Desde el 14 de marzo, los Graduados Sociales de Almería y España hemos trabajado sin descanso, “confinados” en nuestros despachos, para poder hacer frente al ingente trabajo generado por esta situación de incertidumbre, y dar así salida a todas las demandas de información de los autónomos, pymes y micropymes que asesoramos, y que se han visto afectadas por el cierre de fuerza mayor decretado tras la publicación del Real Decreto 463/2020.
Para paliar los efectos devastadores de esta emergencia, el Gobierno ha publicado durante todos estos días, multitud de Reales Decretos, Resoluciones, Órdenes, Instrucciones, Criterios, Normas, Guías y un largo etcétera, que recogen la casuística de todas y cada una de las actividades afectadas. Y entre todas esas normas que regulan medidas extraordinarias a las empresas, de flexibilización, subsidios, prestaciones, moratorias, y un largo etcétera, la medida estrella, han sido los archiconocidos ERTES.
Los Expedientes de Regulación de Empleo están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 2012, sin embargo en esta ocasión el Gobierno, a consecuencia de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, ha regulado un procedimiento urgente y extraordinario por causa “de fuerza mayor”, que recoge medidas excepcionales que se resumen principalmente en tres aspectos:
1.- Los beneficios de esta medida para empresarios consistirán en la bonificación del 100% de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que se hayan visto afectados por el ERTE, y todo ello mientras dure el Estado de Alarma.
2.- Los trabajadores afectados por el ERTE, conservarán sus puestos de trabajo y, mientras dure esta situación, sus contratos de trabajo estarán suspendidos y percibirán la prestación de desempleo (como si fuese un paro ordinario) , aunque este periodo no consumirá su prestación acumulada, ni su derecho de vacaciones.
3. El plazo de Resolución se reduce a 5 días.
Del total de ERTEs presentados en la provincia de Almería, más del 90 por ciento afecta a pymes y mycropymes gestionadas en su gran mayoría por Graduados Sociales. Envueltos en una lluvia diaria de Reales Decretos, Resoluciones, Instrucciones y no sé cuántas cosas más, los profesionales hemos vivido una situación absolutamente caótica por la regulación “imprecisa” y “confusa”, motivada por la inmediatez y urgencia por parte del Gobierno en su regulación, publicación y aplicacion inmediata de las medidas.
Profesionales
Los colectivos profesionales de Almería se han unido en una sola voz, compuesta por los colegios de graduados sociales, abogados y gestores administrativos, estableciendo así una vía de comunicación unificada ante la autoridad laboral competente en la resolución de los ERTES .
La Delegación Territorial de Empleo ha dispuesto un equipo de más de 30 funcionarios que han trabajado sin descanso en la tramitación de los ERTES en los plazos establecidos. El colectivo de laboralistas de Almeria queremos reconocer esta labor a la Delegación Territorial de Empleo de Almeria en la persona de su Delegado, Emilio Ortiz, así como la de la Jefa del Servicio de Administracion Laboral, que desde el inicio de esta emergencia, abrieron las puertas de la Delegación para mantener una colaboración fluida y transparente con los profesionales que sin duda ha redundado con éxito en la resolución en tiempo record de los expedientes. También hemos sido los profesionales, por mandato legal a las empresas, los designados para presentar las solicitudes colectivas de prestaciones de los trabajadores ante el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
Este ha sido el último eslabón de la cadena que llevará a cobrar las prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTEs, y, sin lugar a dudas, el más complejo y desconocido para los profesionales. Aún siendo un siendo un trámite mecánico de cumplimentación de datos de los trabajadores afectados, la falta de instrucciones claras, las dificultades administrativas, el bloqueo de las plataformas habilitadas para el envío de documentos, el infinito número de instrucciones y normas, y a las amenazas veladas recogidas en la ley (imposición de sanciones a las empresas por el incumplimiento del plazo establecido de 5 días) ha llevado a los profesionales a vivir una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre nunca antes vivida en nuestro Estado de Derecho.
Han sido muchas las comunicaciones realizadas por nuestro Consejo General ante la Dirección General de Prestaciones, tendiendo la mano de nuestro colectivo, para prestar nuestra colaboración activa en este proceso, no encontrando ni a nivel estatal ni provincial , el amparo y la cooperación necesaria por parte de la Administración.
Nuestro único objetivo no ha sido otro, que el trabajar sin descanso para que la mayoría de los trabajadores afectados pudiesen acceder a las prestaciones por desempleo en el mes de abril, y poder así mitigar en parte su precaria economía, generada a raíz de la suspensiones de los contratos de trabajo de los miles de trabajadores afectados.
Solo esperamos que todo nuestro trabajo, estrés, desesperación, e impotencia de estos días, se vea recompensado, con la resolución favorable de esas miles de prestaciones el próximo 10 de abril. De no ser así, el SEPE será el único responsable de ese incumplimiento, máxime cuando ante circunstancias excepcionales , se deben adoptar medidas extraordinarias.
Nosotros, de una manera incuestionable, hemos cumplido .
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