Minando la Constitución del 78

Cada vez está más claro que hay una serie de españoles empeñados en una labor de zapa, minando la Constitución del 78 para provocar su voladura, sin descartar el uso de medios no democráticos para conseguirlo. Para este fin se está utilizando en estos momentos, los “trapicheos” (todavía “presuntos”) del Rey Emérito, Juan Carlos I. La campaña está resultando demoledora para la imagen de la monarquía democrática constitucional española, encarnada actualmente en el Rey Felipe VI. En los medios sociales de comunicación son legión los que opinan en contra de la monarquía. Pocos son los que se atreven a contradecir la corriente de la masa “progre”. Lo fácil es dejarse llevar, frívolamente, jugando al pin-pan-pun con la imagen de la monarquía. (Los republicanos más alucinados, como jacobinos integristas hacen referencias a Robespierre y al asesinato de la familia real.) Acepto el reto de ir contracorriente.

Si hemos de ser justos a la hora de juzgar a la monarquía española actual, debemos considerar su ejecutoria durante el periodo de tiempo que lleva en vigor. Quiero decir, que habremos de considerar todo el periodo histórico de vigencia de la monarquía actual y no solamente actividades puntuales poco afortunadas. 

Actuando así, debemos poner en el platillo de la balanza de lo positivo, la apuesta decidida, del entonces Príncipe Juan Carlos, por un régimen democrático para sustituir la dictadura de 40 años. El éxito político de la empresa se concretó en la Constitución de 1978 que establecía la forma de gobierno de España como una monarquía constitucional democrática. Con sus muchos defectos — que los tiene— y a despecho de los fallos y atropellos cometidos por los sucesivos gobiernos, superando incluso un intento de golpe de estado militar, los más de 40 años transcurridos bajo el régimen de monarquía constitucional son, sin discusión, el período de paz y convivencia en libertad más extendido de nuestra historia, culminado con la derrota del terrorismo que había salpicado de sangre el discurrir de nuestra sociedad. Además, España entera, desde los minúsculos pueblos a las grandes ciudades, ha experimentado un desarrollo económico y social innegable. Cualquier ciudadano ecuánime puede recurrir a sus recuerdos contrastando lo que conoció hace 40 años con lo que hoy observa. Aun cuando perduren tareas sociales por resolver, el avance en todos los terrenos ha sido impresionante.

Frente a estos resultados de la monarquía constitucional, se presentan algunas actividades del anterior rey poco ejemplares  (sus devaneos de alcoba con diversas señoras) y sus –presuntas–  actividades como comisionista, como absolutamente invalidantes de la pervivencia de la institución monárquica. Las responsabilidades penales en las que haya incurrido el rey emérito están siendo juzgados por quien le corresponde (los tribunales de justicia), y la moral sexual del rey emérito no creo que sea de interés político (por más que el chafardeo con asuntos de la entrepierna sea deporte nacional). No veo materia que justifique meter a España en una crisis constitucional.