Doble Moral

Una decisión esquizofrénica la del PSOE apoyando en la Mesa del Congreso que se tramite la puesta en marcha de una comisión de investigación para dilucidar sobre la financiación de Podemos y al mismo tiempo anunciar que se opondrán a su creación cuando dentro de unos días haya que votar esta propuesta en la Junta de Portavoces.

En fin....sin palabras. Lo cierto es que cuando Pedro Sánchez aspiraba a llegar a la Moncloa prometió a los ciudadanos que tendría tolerancia cero ante cualquier atisbo de corrupción o comportamientos inadecuados por parte de los suyos. Naturalmente había que creerle sobre todo teniendo en cuanta que consiguió convertirse en Presidente presentando una moción de censura al PP por los escándalos de corrupción que apuntaban a este partido. Es más, durante sus primeros días de ejerciente como presidente llevó a rajatabla la máxima de que a ninguno de sus colaboradores se les pudiera señalar por ningún comportamiento inadecuado. Eso es lo que le costó el ministerio de Sanidad a la señora Montón, hoy ya recolocada por el Presidente, o a Máxim Huerta, titular brevísimo de la cartera de Cultura, cuyo pecado era mantener una discrepancia con Hacienda.

Pero tanta ejemplaridad duró bien poco, justo hasta que alguien señaló que la manera en que el señor Sánchez había logrado su doctorado no era precisamente un modelo a seguir. 

Desde entonces Pedro Sánchez ha ido rebajando los requisitos de ejemplaridad a quienes le acompañaban en la gestión de la gobernabilidad.

Por eso no es de extrañar que Pedro Sánchez apoye sin fisuras a los dirigentes de Unidas Podemos que en estos momentos se ven inmersos en investigaciones judiciales.

Vaya por delante que estoy entre quienes creen que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario y por tanto los dirigentes de Unidas Podemos a los que se investiga son inocentes hasta que los jueces digan la última palabra.

La clase política no puede seguir instalada en esta doble moral y por tanto todos los partidos deberían de convenir que en un Estado de Derecho todo el mundo es inocente hasta que en sede judicial se demuestra lo contrario y, por tanto, o cuando existen sospechas sobre algo inapropiado se espera a que los jueces digan si eso es así o no.