El razonable pavor de los padres

Por mucho que Celaá, Sánchez o Ayuso insistan en lo contrario, los colegios no son seguros, y no porque el bicho esté allí aguardando a sus presas, sino porque lo llevarán puesto los alumnos y el personal de los centros, el docente y el no docente. Se trata de una sencilla verdad que, por sencilla, suponen los políticos que pueden fácilmente laminarla, y que, por verdad, tiene aterrorizadas a las familias, que temen, con todo fundamento, que las aulas se conviertan en viveros de coronavirus y en algo así como en el Amazon de los contagios.

Tan disparatado y contra natura arranca el curso presencial, que las autoridades, por llamarlas de algún modo, se han hinchado a amedrentar a los padres para forzarles a llevar a sus hijos a esos lugares cerrados y llenos de gente que la razón y la Organización Mundial de la Salud desaconsejan. Hablamos del país europeo donde la pandemia se halla más descontrolada, del que más escalofriantes cifras de contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes arroja, del que mayor número de poblaciones confinadas tiene y del que ha visto saltar por los aires el dique de contención de la atención primaria. Hablamos del país en cuya capital han resultado seropositivos miles de profesores y del que ha tenido que cerrar ya centros escolares, casi al tiempo de abrirlos, por la presencia de infectados.

Al razonable pavor de los padres, a quienes la Administración no ha ofrecido alternativas de conciliación ni de educación a distancia, responde ésta con amenazas más brutales que las que se dirigirían a los peores delincuentes. Según el gobierno central y los cantonales, los padres que cumpliendo con su obligación más esencial, la de velar por la salud y la vida de sus hijos, se abstengan de llevarlos a los centros hasta que se den las condiciones mínimas de seguridad (vacuna), se exponen a toda suerte de desorbitados castigos, ora pecuniarios, ora penitenciarios, ora conllevando hasta la pérdida de la custodia de sus hijos, y ello pese a que semejantes puniciones no casan con la Constitución ni se contemplan en el Código Civil ni en el Penal, a menos que un Golpe haya abolido el Derecho y no nos hemos enterado.

Tan irracional es lo que se pretende, que no es otra cosa que alimentar hasta el empacho al virus que hiere y mata mediante la concentración de más de ocho millones de criaturas en recintos cerrados, que sólo espera conseguirse, al parecer, con amenazas. Lo único racional, en este sindiós, es el miedo insuperable, salvador, de los padres.