El escándalo de la Justicia

PP y PSOE llevan treinta y cinco años repartiéndose la designación de los vocales del Poder Judicial por cuotas y dejando algunas migajas para los amigos o socios de conveniencia. En mi opinión, saltándose el mandato constitucional que pide que la parte sustancial del Consejo sea elegida directamente por los jueces.

Aunque creo firmemente en la independencia de las decisiones tomadas por la inmensa mayoría de los vocales del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, hayan sido designados de la forma que sea, la imagen que los políticos están dando de dos de los órganos más importantes de nuestro Estado de Derecho destruye cualquier grado de confianza de los ciudadanos en la Justicia.

La sombra de que los partidos eligen y puedan influir en las decisiones que vayan a tomar los vocales de estos órganos sobre asuntos de importancia o la sospecha de que puedan efectuar nombramientos, olvidando que los méritos y la capacidad deberían ser el criterio objetivo, es una losa difícil de levantar.

¿Cómo creer en la independencia judicial si los partidos se pelean hasta la muerte por controlar sus órganos directivos? ¿Cómo respetar las decisiones del Tribunal Constitucional ante la mezquindad de quienes los designan? ¿Cómo creer en una Fiscalía General independiente si quien la ocupa es una militante activa del partido que Gobierno, ex ministra de Justicia, no caracterizada precisamente por su imparcialidad?

Tal vez la única manera de salir de este embrollo sería que Gobierno y oposición acepten un arbitraje con laudo de obligado cumplimiento que ponga fin a esta situación. Si en lugar de pelearse por el control patrimonial de las instituciones lo hicieran por los ciudadanos y por la seguridad jurídica, este país iría mucho mejor. Lo que está pasando es un escándalo.