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Tras ocho años dedicados a la instrucción, juicio y redacción de una procelosa sentencia de más de 400 folios, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados por la desastrosa salida a Bolsa de Bankia. Pesaban sobre ellos graves acusaciones por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Pues nada de nada.

A estas alturas de la historia, el desastre de aquella operación bursatil ya está suficientemente documentado. Sólo esperábamos los ciudadanos que se pusiera nombre y apellidos a los autores de todo aquello. Y resulta que no hay culpables. Es más, leyendo los argumentos de la sentencia, los encausados casi parecen víctimas de un sistema que les empujó a hacer lo que hicieron y que hicieron lo que hicieron con la complicidad de quienes tenían que haberlo frenado.

Porque el tribunal destaca que aquella salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores - Banco de España, CNMV, FROB y EBA - y sostiene además que el folleto de la operación contenía la suficiente información para los futuros inversores. Esto es muy sorprendente porque el Tribunal Supremo afirmó justo lo contrario, que no se avisó convenientemente del riesgo, lo que propició que la entidad tuviera que devolver el dinero a quienes compraron esas acciones.

Los acusados ahora absueltos del presunto engaño presentaron, ocho meses después de la salida a Bolsa, unos beneficios de 309 millones. Un par de meses después, los nuevos gestores reformularon las cuentas y aquel presunto beneficio se convirtió en pérdidas de casi 3000 millones. Aquella catástrofe nos costó a todos los ciudadanos 22.424 millones de euros, que fue el precio del rescate, aunque Luis de Guindos nos dijo que la salvación no nos iba a costar un solo euro.

Pues bien, la cosa no tiene culpables porque tuvo cómplices principales que, por acción u omisión, miraron hacia otro lado y bendijeron lo que devino en atraco. El resultado, sin embargo, es que ninguno pagará por aquello.