El problema es Pablo Iglesias

Vivimos tiempos en los que hay que recordar hasta lo que debería ser evidente: sin separación de poderes, no hay democracia. Conviene recordarlo ante el atropello que apareja la proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que impulsan el PSOE y Podemos con el propósito de dejar en sus manos el nombramiento de jueces afines.

Según algunos expertos el proyecto técnicamente es un desastre, incluso desde el punto de vista sintáctico. Lleva la impronta de Podemos, partido cuyo líder Pablo Iglesias no oculta su aspiración a controlar a los jueces, a los fiscales y a RTVE. Pese a determinadas sentencias muy polémicas, en España, los jueces cumplen con los estándares propios de los países democráticos más avanzados. No tenemos una justicia politizada que es el rechazable escenario al que nos conduciría -caso de prosperar- el proyecto que impulsan la coalición que gobierna nuestro país. Es tan evidente el aire bolivariano que desprende la cosa que ha concitado el rechazo de todas las asociaciones de jueces con excepción de la minoritaria Jueces para la Democracia que solo ha mostrado discrepancias de carácter “técnico”.

Al repudio de jueces y fiscales se han unido los partidos de la oposición y también alguno de la coalición que apoyó la moción de censura que instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Estos últimos temen que sí cambian las reglas para nombrar a los miembros del CGPJ dejándolo en manos de los políticos, en un futuro en el que el signo del Gobierno vuelva a ser conservador, podrían aprovecharse para instalar un rodillo. 

La alarma está sonando en Bruselas. A Pedro Sánchez le están recordando que la calidad del sistema democrático se mide por los contrapesos entre poderes y en esa ecuación la independencia del poder judicial es determinante. Sánchez se defiende señalando al PP al que acusa de bloquear la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Pablo Casado no se niega a negociar pero quiere hacerlo solamente con el PSOE, no con Podemos. Ahí es dónde estamos. A finales del verano el PSOE y el PP tenían prácticamente cerrado un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Deberían retomar aquella negociación y cerrarla.