Un Pacto por la Dignidad

Puede ser, seguramente, el peor momento de la democracia en España, porque hemos pasado otros muchos más graves, pero había una diferencia importante: una clase política que siempre puso por delante los valores constitucionales y el interés general, mientras que ahora solo cuentan los intereses partidistas. La democracia española ha sorteado crisis económicas tan graves como la actual, el terrorismo salvaje de ETA, un intento de golpe de Estado, la sedición catalana, pero la gravedad de la amenaza sanitaria del covid, la muy alarmante situación económica y, sobre todo, la degradación institucional y de la clase política, sin visos de cambio, plantean un panorama muy preocupante. Para salir de esta situación y no profundizar en la crisis es imprescindible un Pacto por la Dignidad que integre a todos, que no excluya a nadie. Si la clase política demostrara una mínima grandeza, tal vez la única persona que podría pilotarlo es el Rey Felipe como árbitro e impulsor de una España interesada en superar la crisis y no solo en alcanzar o mantener el poder a toda costa. Sumar, no restar; integrar, no excluir.

Un pacto por la dignidad tendría que empezar por los políticos, aparcando las diferencias y buscando el diálogo real y las soluciones compartidas. Lo hicieron hace años cuando las diferencias eran mucho mayores y no se entiende que no sean capaces de hacerlo ahora.

Exige, también un pacto con los empresarios. Tenemos algunas de las grandes empresas multinacionales, grandes empresarios, autónomos que ponen en marcha el país cada día. Hay que sentarse con ellos, pero no para hacerse la foto sino para escucharlos, para darles un papel protagonista. El empleo lo crean los empresarios, no el Estado. Basta con que éste se dedique a crear las condiciones necesarias para que sea más fácil poner en marcha nuevos proyectos. La Administración puede hacer mucho para modernizar tecnológicamente España y que no nos volvamos a quedar atrás. Hacer una reforma de la Administración, central y autonómica, para hacerla más efectiva, reducir las duplicidades y acercarla al ciudadano es, igualmente, imprescindible. Como lo es lograr que nadie quede excluido en la salida de la crisis y que no aumente la desigualdad.