La ley anti educación

No sé cómo lo conseguimos, pero cada nueva ley de educación suele ser peor que la anterior. Ahora estamos con la ley Celaá, con críticas para todos los gustos aunque la apruebe un Congreso más preocupado en destruir lo pasado que en construir algo nuevo.

De los aspectos más controvertidos no voy a entrar en los dos más obvios: la desaparición de la educación especial y la aversión a la enseñanza concertada. Esto último está en el ADN de la mayoría parlamentaria, que sacraliza todo lo que sea sector público y sataniza lo que suena privado como origen de todos los males del universo. De ahí que ayudar a la enseñanza concertada, que en el fondo supone un alivio para la educación pública, sea considerado un mal de lo más perverso por sus detractores.

Sí voy a entretenerme un poquito más en la desaparición del castellano como idioma vehicular del sistema educativo. Más allá de los aspectos legales, el menospreciar a la tercera lengua del mundo y uno de los seis idiomas oficiales de la ONU me parece una insensatez.

Eso ni siquiera pasa en Bolivia, donde el español coexiste preferentemente con otros 36 idiomas oficiales. Lo mismo cabría decir con el inglés, entre las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. Porque lo importante, en esos y en otros casos del ancho mundo, es que la gente pueda entenderse y para eso se valoran y se potencian los idiomas que sirven para la amplia comprensión humana, más que los que son sólo el refugio cultural de una u otra región.

Sé que lo que digo es algo que no se lleva en el pensamiento políticamente correcto, pero si las lenguas no están para que la gente pueda comunicarse entre sí, ¿para qué demonios existen?