Este Gobierno que ha gestionado tan mal la pandemia, que ha visto de lejos el sufrimiento de tantas personas de riesgo y que ha escondido los más de 50.000 muertos; no ha hecho nada por mejorar las condiciones sanitarias de las residencias de mayores donde han muerto muchos de forma indigna; este Gobierno que ha sido incapaz de hacer una ley que garantice los cuidados paliativos y que haga obligatoria la existencia de Unidades del Dolor en todos los hospitales para garantizar una vida digna a los que sufren; este Gobierno que se ha cargado la demanda social de millones de padres para educar a sus hijos en la escuela concertada, argumenta “la demanda social” para aprobar una ley que legalice la eutanasia en España. Y lo hace sin escuchar lo que dicen instituciones como los Colegios de Médicos de España, el Comité de Bioética o la Sociedad de Medicina Paliativa, entre otros.
Tendremos así el dudoso mérito de ser el cuarto país de Europa que lo regula y el noveno del mundo. En España ya existían leyes sobre la muerte digna en Madrid, Galicia, Asturias, Euskadi, Aragón, Andalucía o Baleares. La razón de la demanda social es una falacia. ¿Creen ustedes que alguien, incluso los que nos oponemos a una ley que regularice el suicidio asistido o los que se niegan a ser los ejecutores de esa muerte, estamos en contra de “una muerte digna”? Los hechos demuestran que hay una pequeñísima minoría que demanda esta ley y una inmensa mayoría que exigen una ley de cuidados paliativos y una vida digna incluso en situaciones extremas: vivir y morir con dignidad, sin dolor, con cuidados paliativos, en compañía de los suyos y en la medida de lo posible en su propia casa. La excepcionalidad no puede ser la norma. Y si un Gobierno tienen que atender la demanda social, parece razonable que lo haga primero con los que quieren, merecen y necesitan vivir y morir con dignidad.
Ni el abandono, tan frecuente para con los mayores, ni la obstinación terapéutica ni la eutanasia son la solución. Sí lo son los cuidados paliativos. Una Ley de eutanasia es el reconocimiento de un fracaso colectivo. Hay muchos profesionales que opinan que esta ley viola el derecho a la vida, el de la protección de la salud, daña el principio de igualdad y pone en grave riesgo a la población más vulnerable. Y avanza en la creación de una conciencia colectiva de que en determinadas situaciones no merece la pena vivir. ¿Por qué no ese “derecho” por razones de soledad o financieras y no solo de salud? ¿Por qué no a cualquier edad? ¿O sin requisitos?
Holanda, el primer país que legalizó la eutanasia. No existe el derecho a morir, pero sí el derecho a no sufrir, a vivir con dignidad. Hay que dar otras soluciones que no sean, como ha dicho, José María Gil Tamayo, crear “corredores de la muerte legalizados”. La eutanasia es un terrible fracaso social.
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