Malo para España

El Parlamento Europeo por votación mayoritaria -dos de cada tres diputados- ha levantado la inmunidad parlamentaria al prófugo Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalidad de Cataluña acusado en España de varios delitos: rebelión, sedición y malversación. A partir de ahora el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa podrá dictar una euro orden de extradición ante la misma Justicia belga que ya en una ocasión anterior la denegó. Sería deseable que tal situación no se repitiera, pero no es descartable. Por varias razones. La más penosa de todas remite a la propia votación del Parlamento en donde los diputados de Podemos se han pronunciado en contra de levantar la inmunidad de la que gozaba el prófugo. Los jueces belgas saben que Podemos forma parte del Gobierno de España y que su líder y vicepresidente del Ejecutivo opina que Puigdemont es un exiliado político y que en nuestro país no hay una democracia plena.

En su línea habitual, también en este asunto, Pablo Iglesias no ha perdido la oportunidad de comportarse de manera acorde a la encomienda que ostenta.

Si de verdad piensa que en España no tenemos una Justicia plenamente asentada sobre principios democráticos, y por lo mismo capaz para juzgar con garantías a quien está reclamado por graves delitos, está tardando en renunciar a su cartera en el Consejo de Ministros. Lo cierto es que no se espera un acto de coherencia en esa dirección.

Pero sería deseable que quien le ha nombrado y mantiene -el Presidente Pedro Sánchez- exigiera una explicación a quien tanto está perjudicando la imagen de nuestro país en Europa. Cuesta imaginar que un ministro del Gobierno de Francia pudiera cuestionar la Justicia de su país. Lo que sí se puede asegurar es que sería destituido de manera fulminante. Aquí, de momento, Sánchez no ha dicho nada. Se diría que su estrategia consiste en dejar que Iglesias y Podemos se vayan desacreditando poco a poco -un desgaste que reflejan las encuestas- hasta que su presencia política en la izquierda resulte irrelevante. Sánchez se lo puede permitir. La duda es si España también se lo puede permitir.