Mirar hacia otro lado no es una opción

En 2020, muy poco antes de la pandemia, el relator de la ONU en Derechos Humanos  Phillip Alston se mostró horrorizado por los asentamientos chabolistas en la zona fresera de Huelva. Hace unas semanas se anuncia el inicio de una investigación en el Parlamento europeo sobre los asentamientos de infraviviendas en Huelva y Almería. De vez en cuando nos asaltan noticias de incendios en esos lugares que dejan a centenares de personas sin refugio. Hace diez años Cruz Roja estimaba el número de personas en ese tipo de albergues en unos 3.500 en la provincia de Almería; hoy las estimaciones apuntan a una cifra que oscilaría entre los 5 mil y 7 mil personas. El goteo de noticias no cesa, se graban reportajes de denuncia que se difunden por los canales de televisión de toda Europa,  y aunque tratemos de ignorar el problema y de mirar hacia otro lado, parafraseando a Monterroso, cada mañana, al levantarnos, el dinosaurio sigue aquí  al lado, mientras que aumenta su ya descomunal tamaño.

No voy a dedicar espacio a la denuncia de responsabilidades. Para realizar tal ejercicio deberíamos contar, en un asunto de tal complejidad, con una investigación que arrojara conclusiones a partir de evidencias sólidas. Sólo me permito señalar que los factores que en la teoría de las migraciones se denominan de expulsión desde las zonas de origen (factores “push) y que empujan cada año a miles de personas a arriesgar sus vidas para llegar hasta las costas europeas, se van a mantener por lo menos a corto plazo. Por lo tanto, se trata de gestionar aquí y ahora un flujo que se antoja imparable. Podríamos tener la tentación de seguir como hasta la fecha, mirando para otro lado y hacer poco o muy poco por erradicar estas muestras de chabolismo que repugnan a nuestro ordenamiento legal y a nuestra sensibilidad de respeto a los derechos humanos. Al fin y al cabo, nos podría cínicamente consolar la constatación de que el hacinamiento también es perceptible en otros parajes y ciudades de la Unión Europea, en donde las administraciones se ven impotentes para su erradicación. Pero en nuestro caso, esta situación, salpicada de algún estallido ocasional que pudiera acaecer en unos de estos escenarios, puede desencadenar (o agravar)  una verdadera crisis reputacional en los mercados consumidores de nuestra frutas y hortalizas.

 Los campamentos de infraviviendas en Barcelona o Madrid difícilmente afectarían a la reputación de sus empresas financieras o de servicios; pero su presencia en las inmediaciones de los espacios productivos de la agricultura intensiva de Huelva, Murcia o Almería, están alimentando ya un relato que contamina la imagen del sector con sospechas de condiciones laborales indignas. No es relevante en esta crisis reputacional que podamos convenir en que el uso de trabajadores de manera irregular o ilegal sea minoritario; pero, como podría ocurrir en una crisis sanitaria, solo con algunas malas prácticas, o con la mera existencia y crecimiento de estos asentamientos, se puede hacer un daño enorme a la imagen de todo el sector que termine repercutiendo negativamente en su cuenta de resultados.

Del mismo modo que tras la crisis provocada por la falaz denuncia de la presencia de bacteria E.coli en la agricultura almeriense en 2011, el sector aceleró en su avance hacia una producción caracterizada por la calidad y la seguridad, ahora ha llegado el momento de atajar esta nueva amenaza. A las obvias razones humanitarias, que además están adheridas al cumplimiento de la legislación vigente y el respeto de los derechos humanos, cabe añadir un argumento utilitario que recuerda la fábula de Adam Smith del panadero (que no trabaja de madrugada por altruismo social, sino por la búsqueda de beneficios). Por parecidas razones, al sector agroalimentario también le concierne el desafío. 

En definitiva, las administraciones, en primer lugar, las ONGs, que tienen un conocimiento directo de estos lugares de vergüenza y bochorno, las organizaciones empresariales y sindicales y las empresas líderes del sector, deben colaborar, en el contexto de la  fase económica de recuperación postpandémica que se apunta, en la puesta en marcha de un plan de acción, a partir de un diagnóstico de calidad, que persiga erradicar un riesgo que no podemos permitir que se convierta en sistémico.