Una ignominia política

La vida cotidiana es dura y más en estos tiempos todavía de pandemia. Quizá por eso, por la prioridad de lo privado, estamos dejando pasar sin reproche social actos públicos ignominiosos. El último ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña en el transcurso de la sesión de investidura de Pere Aragonés como nuevo presidente de la “Generalitat”. Acto -y ahí es dónde fija pie la ignominia- al que asistió Oriol Junqueras, líder de ERC condenado por sedición y malversación a trece años de cárcel por sentencia firme del Tribunal Supremo.

Ya se sabe que la administración de las prisiones catalanas es competencia de las autoridades autonómicas que son las que autorizan con sospechosa frecuencia permisos penitenciarios a los condenados en el juicio del “procés”. Se sabe, pero no hay precedentes de que presos condenados por otro tipo de delitos gocen de tantas facilidades.

Es un desafío al Estado de Derecho en claro menosprecio de la doctrina del tribunal sentenciador, pero a sabiendas de que cuenta con la anuencia tácita del Gobierno Sánchez, cuyo ministro de Justicia tiene desde hace meses en el telar un proyecto para modificar el Código Penal con la intención de descafeinar el delito de sedición.

Dicha iniciativa enhebra pliego con otra para conceder un indulto a los políticos que cumplen condena por sedición. Sabedor Pedro Sánchez del rechazo que semejante medida provocaría en el resto de España -incluso entre votantes del PSOE- los medios afines desarrollan un relato en el que vienen a decir que hay que mirar al futuro y que de lo que se trata es de “normalizar” la vida política catalana.

Pero no cuela. La realidad es tozuda y el nuevo presidente de la “Generalitat” proclama que va a retomar el “procés” allí donde lo dejaron. Autodeterminación, amnistía y referéndum. Un proyecto claro de ruptura anunciado a la vista de todos y en presencia de algunos de los condenados por haberlo intentado ya hace cuatro años. Estamos ante un anuncio sobre el que el Gobierno de España debería recordar con firmeza el marco constitucional. Pero no lo hace porque para la continuidad de sus ambiciones Pedro Sánchez necesita el voto de los diputados separatistas. Una ignominia política.