El alto Tribunal es la oposición al gobierno

El inesperado seísmo de ministros de hace unos días generó una literatura entretenida. Al no existir crónicas previas con rumores sobre posibles ceses y nombramientos, los relatos conspirativos vinieron después. Así, hemos leído piezas fantásticas, trufadas de declaraciones de políticos de la oposición, que superan la leyenda -bastante real- del temido motorista que el general Franco enviaba al domicilio de algunos ministros, de buena mañana, con el cese. Hay crónicas sobre el profundo disgusto de algunos cesados ahora. Alguien quizás lo veía venir, pero algún otro estaba en la Luna. Pero la decepción personal y familiar habrá sido equivalente a cuando cesaban Franco, Suárez, Gónzalez o Rajoy.

La literatura post seísmo narra que el poderoso Director del Gabinete relevado pidió el Ministerio de Presidencia, algo tan poco creíble como que Sánchez le enviara a dos amigos comunes a una cena para rogarle que aceptara una cartera ministerial.

Hemos leído reproches sobre la frialdad, insinuando maldad, del Presidente por cesar a amigos y conocidos. ¿Algo diferente a las rupturas con compañeros del alma viajera como Suárez y Abril Martorell; o Felipe y Guerra; o Aznar y Álvarez Cascos, o Rajoy y García Margallo? Abascal, siempre creativo intelectualmente, llamó a Sánchez “psicópata”.

Entre lo mejor, sobresale la acusación de Pablo Casado a Pedro Sánchez por nombrar los nuevos ministros “a dedo, a dedo, a dedo”, según repitió. Así ha sido siempre y así lo establece la Constitución en su artículo 100: “Los miembros del Gobierno serán separados y nombrados por el Rey a propuesta del Presidente”. No consta que para elegir ministros hayan existido nunca antes rifas, oposiciones o concursos tipo Masterchef, Pasapalabra o formatos similares.

Estaba la autodenominada oposición política en esas decisivas tareas, cuando llegó el Tribunal Constitucional y mandó parar. El más alto Tribunal, para desconcierto general y felicidad del partido ultraderechista Vox, anuló el decreto de alarma del 14 de marzo de 2020 con el que se enfrentó la pandemia. “Tenía que haberse decretado el estado de excepción y no el estado de alarma”, sentencia el Constitucional por una exigua mayoría de la mitad más uno. El Tribunal está tan dividido como el Parlamento. Llega esto la friolera de 16 meses después de su entrada en vigor. Alta productividad. El caos jurídico sembrado es alarmante. Millares de multas anuladas, limbo legal en muchas situaciones y alteración de la vida política, que bastante agitada está. “Gracias al decreto del estado de alarma se salvaron 450.000 vidas”, sostiene la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. 

Todo esto sucede mientras varías Comunidades Autónomas proponen toques de queda, alarmadas por el repunte de la pandemia que amenaza con un hachazo al turismo internacional. Las autoridades están atrapadas entre la necesidad de actuar con energía para cortar el avance del virus y esa sentencia del Constitucional que les intimida por las consecuencias futuras de sus decisiones. “La sentencia desarma al Estado contra las pandemias”, dice el voto particular del magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido que defendió que el decreto del estado de alarma era correcto ya que el estado de excepción hubiera limitado todavía más los derechos de los ciudadanos. Pero su argumentación, compartida por una legión de catedráticos, no fue escuchada. Decididamente, la oposición al Gobierno no está en el Parlamento. La ejercen directamente unos cuantos jueces conservadores que no son renovados porque la oposición política se niega. Así estamos.