La memoria maltratada

“Como reparación de las víctimas, les parece poco a los socios del Gobierno”

Antonio Casado
07:00 • 22 jul. 2021

Cuando el exministro Camuñas culpó a la República del golpe franquista, como el maltratador que culpa de la paliza a la propia maltratada, el líder del PP, Pablo Casado, había olvidado que su partido ya condenó en 2002 la sublevación militar y la guerra civil que abrieron el paso a cuarenta años de dictadura. Las disculpas llegaron cuando alguien se lo recordó.



Memoria maltratada, en este caso. Pero tal vez fue peor la mezquina alusión a los 16.000 millones de euros recibidos por las víctimas de la guerra civil y el franquismo (pensiones, subvenciones y otro tipo de ayudas), como si eso saldase las cuentas de lo tangible y de lo intangible.



Al presentar el proyecto de ley de Memoria Democrática, el ministro Bolaños incluso subió esa cifra a 21.000 (para unos 6.000 beneficiarios), precisando que lo de las compensaciones económicas es ya una pantalla pasada, por efecto de la precursora norma legal de 2007 (ley de Memoria Histórica). La de ahora “no va de compensaciones sino de dignidad”, dijo el ministro de la Presidencia. Y de eso se trata, de que a la luz de valores tan compartidos actualmente como dignidad, democracia, derechos humanos, libertad, respeto al diferente, etc., podamos los españoles construir un relato común sobre lo ocurrido desde la sublevación militar de 1936 hasta el abrazo del rey Juan Carlos con la viuda de Manuel Azaña de 1978.



¿Será eso posible?



No parece, a juzgar por las reacciones al proyecto de ley de Memoria Democrática remitido por el Gobierno para la consabida tramitación parlamentaria. Como reparación de las víctimas de la guerra y la dictadura, les parece poco a los socios del Gobierno. En cambio, a la oposición de derechas les parece demasiado, pues Vox ya ha anunciado que, si la norma legal llega al BOE, la recurrirá ante al Tribunal Constitucional.



El PP, por su parte, anuncia que si llega al poder la derogará y la sustituirá por una “ley de la Concordia”. De lo que se desprende una lógica perversa, la de endosar al Gobierno una apuesta por la discordia. El columnista no comparte semejante lectura, pues empaña la debida reparación de quienes sufrieron persecución o violencia (la reparación ahora, mayoritariamente, en las personas de sus familiares, se entiende) por razones ideológicas o de orientación sexual, por ejemplo.



Aplicar valores compartidos hoy por hoy dará lugar a una normativa articulada sobre diversos campos de actuación en la esfera pública: judicial, educativo, legislativo, simbológico, etc. Nada que, en mi opinión, pueda asociarse al resentimiento o el revanchismo, ya superados en una transición apacible del franquismo a la democracia.




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