Nadie quiere pagar las fianzas

El primer objetivo es salvarse de la carcel. De no lograrlo, dada la gravedad de los delitos, hay que conseguir un indulto mediante el chantaje o la compasión y, en último término, librarse de las fianzas impuestas por los tribunales por haber malversado dinero público, ese que pagamos entre todos con nuestros impuestos.

En ese empeño están metidos no solo los independentistas catalanes, sino también el sindicato UGT. A este último el Tribunal de Cuentas le exige el pago de una fianza que roza los diez millones de euros por el caso de los ERE de Andalucía, donde el sindicato socialista jugó un papel primordial en los expedientes fraudulentos de regulación de empleo.

Seguramente recuerdan cómo el dinero público que la Junta de Andalucía destinó a paliar la situación de aquellos trabajadores que, habiendo perdido su empleo, tenían difícil volver a encontrar trabajo, se destinó a conocidos, parientes y amigos varios que se incluyeron en dichas listas sin cumplir ninguno de los requisitos.

Como UGT no tiene representación parlamentaria ni capacidad de bloquear la tramitación de los próximos presupuestos, su argumentación para no pagar entra en el terreno de la lástima: alegan indefensión y aseguran que, si tienen que abonar dicha cantidad, no podrán ejercer su actividad sindical; cosa que afectaría un derecho fundamental.

La dirección del sindicato parece olvidar que el derecho a la libertad de cada ciudadano también está amparado en la Constitución. Pero, en el caso de cometer un delito, los tribunales pueden dictar su ingreso en prision y el pago de una fianza que implicará su pérdida de libertad y de sus bienes. ¿O es que los ciudadanos de este país tienen menos derechos que los colectivos, las organizaciones o los cargos públicos?

El argumento, como en el caso de los condenados por el ‘procés’, no se tiene en pie. Es como si la clase política o sindical creyeran que tienen barra libre para cometer toda clase de tropelías y no pagar las consecuencias. No es grato ver que te embargan tu patrimonio, pero en el caso de Puigdemont, Junqueras o Artur Más, la desfachatez consiste en suponer que la misma Generalitat, de la que formaron parte y a la que hicieron perder dinero público, va a ser ahora la hucha que les saque del aprieto. El Consejo de Garantías Estatutarias avaló el jueves que sea el Instituto Catalán de Finanzas el que pague la fianza. La pregunta es: ¿Y qué iba a decir esta institución si está dominada por los representantes independentistas?

Es el famoso dicho de “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. Queda por ver si el Tribunal de Cuentas aceptará las alegaciones de unos y otros y si, al final, serán los bolsillos de los españoles los que acaben pagando las fianzas de los independentistas o del sindicato.

Convendría recordar, ahora que ERC y Junts insisten en que volverán a intentarlo, que las fuerzas políticas y los agentes sociales deben tener, como el resto de la ciudadanía - incluso con mayor rigor - especial cuidado en donde meten la mano; porque su función es el bien público, no el malversar lo que no es suyo.