Carta al resto de españoles de un madrileño

Bueno, no es que uno sea madrileño-madrileño e hijo de madrileños: muy pocos de mi generación lo son. Pero, como tantos, llevo décadas trabajando y pagando impuestos en esta Comunidad, que ahora se ha convertido en objeto de pelea --uno más-- entre las diversas Españas que nos hielan el corazón. De manera que hemos pasado del ‘España nos roba’, antes grito exclusivamente catalán, al ‘Madrid nos roba’, compartido con los catalanes por otras varias Comunidades.

Y aquel victimismo catalán de los tiempos de Pujol está pasando a ser el victimismo madrileño de los tiempos de Isabel Díaz Ayuso, sin duda acosada --y, con ella, todos los que habitamos en la CAM-- por un Gobierno central que no acaba de perdonarle ni su popularidad, ni caer algo más simpática que Pedro Sánchez ni, claro, el haber ganado como ganó las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Pienso, como tantos, que esta no es una guerra de buenos contra malos y viceversa. Creo que en una contiendo en la que todos tenemos las de perder, comenzando por ese bien que se llama Estado, hay que repartir las culpas entre todos, comenzando por el habitante de La Moncloa, que rompió las hostilidades y sigue alentando ‘impuestazos’ a los ‘ricos’ capitalinos, para castigarles por la ‘centralidad’ de la que no son culpables, y siguiendo, cómo no, por la pugnaz Díaz Ayuso, que también ha hecho lo suyo por el enconamiento de posiciones en aras de su beneficio político y partidista.

No sé si los madrileños, muchos de los cuales protestamos en su día por la acumulación de sedes políticas, empresariales e institucionales en esta Comunidad, somos los culpables de una situación que solo evidencia una cosa: lo mal planificado y peor cerrado que está el Estado de las autonomías, en particular, y lo mal que marcha la política española, en general.

Así que ya no es solamente Cataluña (el independentismo catalán) quien se enfrenta a la ‘capitalidad’ que ha acaparado esas sedes políticas, institucionales, empresariales y sociales. Ahora es el resto de España quien cerca a Madrid por unos ‘privilegios’ de los que, en el caso de sean tales, los madrileños para nada somos culpables. Es más: muchos llevamos décadas abogando por que el Senado se trasladase a Barcelona, el Tribunal de Cuentas a Toledo y las sedes de algunas empresas públicas a la Comunidad Valenciana, o Galicia o Extremadura o Córdoba.

La cobardía y la pereza que desde hace demasiados años han caracterizado la falta de iniciativa política han impedido el acuerdo transversal PSOE-PP para reformar la Constitución, sobre todo en su Título VIII, y ‘refundar’ un Estado autonómico que hace agua por varios boquetes.