La España de las Autonomías se ha convertido en el mapa de los agravios, los celos y las comparaciones entre las aportaciones del Estado a unas y a otras. Las reuniones de presidentes se convierten así en un mirarse por el rabillo del ojo, y a la cartera del vecino, para ver si ha recibido más dinero público.
Empezó con el País Vasco cuando los votos del PNV se volvieron imprescindibles para asegurar la legislatura. Gobiernos del PSOE y el PP no dudaron en compensar con trasferencias los apoyos puntuales. Ahora la envidiada es Cataluña a la que Moncloa pretende “recuperar” por la vía de los acuerdos sobre competencias y financiación, dado que referéndum y amnistía son inviables constitucionalmente. Pero, como la envidia muchas veces encubre fallos en la gestión, despilfarro y un exceso de burocracia, es mucho más fácil desviar la responsabilidad hacia la “injusticia” de recibir menos fondos de Madrid.
Viene esto a cuento de la última polémica instigada por el presidente valenciano, Ximo Puig. Pretende el dirigente socialista que Madrid compense al resto de los territorios por los beneficios del efecto capitalidad. Pero, como Madrid no es una persona física, lo que en realidad pretende es subir los impuestos de los ciudadanos madrileños para que sean ellos los que compensen. No lo dijo así, claro, sino que describió la necesidad de “compartir con todos esa mayor productividad generada por el apoyo público”.
O sea, pretende que por vivir en Madrid, los ciudadanos, que no las empresas, paguen más. Cabe también preguntarse si su Comunidad no debería pasar una parte de su recaudación fiscal a Cataluña, dado que la incertidumbre del “Proces” hizo salír de estampida a cientos de empresas catalanas que acabaron asentándose en su territorio, con el incremento de riqueza que ello supone. También cabe preguntarse si a Ximo Puig se le habría ocurrido esta reclamación si la presidenta de la CAM, no fuera Isabel Diaz Ayuso si no Angel Gabilondo. Y así podríamos seguir con el dislate de los agravios comparativos hasta el infinito.
Pero lo grave no son los celos entre uno u otro presidente y más cuando no son del mismo partido. Lo preocupante es que en el charco se haya deslizado un ministro del Gobierno del Estado que siempre deberían permanecer neutrales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que últimamente no aplica la prudencia a sus declaraciones públicas (tuvo que retractarse de su afirmación sobre la pensión de la generación ‘baby boom’), se ha mostrado tan favorable a las tesis de Puig que he hecho saltar todas las alarmas.
Tan es así que ha obligado a su compañera de Gabinete, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a salir a la palestra para asegurar que dicho impuesto compensatorio “ni está en la agenda ni lo va a estar nunca”. Añadiendo una verdad de perogrullo: no es misión del Ejecutivo hacer política que enfrente a los territorios. Pues eso, que bastante bronca hay ya en el Congreso de los Diputados como para fomentar los agravios y envidias entre las Comunidades.
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