La restauración del Castillo de los Fajardo: una obligación inexcusable

Este verano de 2021 nos hemos encontrado con que los fondos destinados a la restauración y rehabilitación del Castillo de Vélez Blanco, en su elemento más emblemático, el Patio renacentista, joya del Arte español, y ejemplo extremo de expolio (por cuanto, como es bien sabido, el original se encuentra en la ciudad de Nueva York), eran dedicados por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía a otros menesteres.

En un momento en que Vélez Blanco –y su Comarca- necesitan, sin demora, de la ayuda externa efectiva para superar las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y, asimismo, la debacle poblacional general que la abaten (porque he visto que, individual y colectivamente, andan los ánimos un poco alicaídos, pero se mantiene la esperanza en la superación), esa es una de las peores decisiones que podían referirse a nuestra tierra. Y es preciso enmendarla de inmediato, sin paliativos, como solución obligada inexcusable de los poderes públicos andaluces para con los Vélez y la concreta villa de Vélez Blanco.

Resulta de todo punto inadmisible que ante tamaña riqueza, la Junta de Andalucía (que en 2005, después de la demanda colectiva velezana y almeriense, sí ejercitó correctamente su función constitucional y estatutaria de protección del patrimonio histórico existente en los territorios que administra, y adquirió la propiedad del inmueble), ahora no culmine esa labor y, antes al contrario, deje sine die, cuanto resta pendiente –todo- a propósito de la reconstrucción del Patio.

Actuar de ese modo es toda una afrenta para con la ciudadanía de Vélez Blanco y de los Vélez, porque contribuye al desamparo de esta tierra, en un momento en que los estímulos económicos –para las empresas marmolistas, los técnicos, los operarios, los difusores, otros posibles interesados, etc.- son más que necesarios, amén de contribuir a aumentar el valor añadido de la visita a Vélez Blanco, como atractivo cultural, patrimonial y turístico de primer orden en el conjunto del Sureste, y más cuando ya se han cumplido 20 años del importantísimo evento de la Música en el Renacimiento.

Pero la cosa es más grave aún, porque la decisión de la Junta atenta, de modo patente, al cumplimiento de los deberes de la Administración andaluza para con la verdadera ordenación del territorio que está bajo su jurisdicción autónoma: el de atender a las necesidades de las zonas periféricas y menos densamente pobladas, valorando debidamente (lo que no ha sucedido) todas las variables del territorio, en su extrema diversidad, y en este caso, el de culminar esa preceptiva restauración. Así se exige de manera expresa e inconcusa en el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, artículo 10.3.8º, al referir ese artículo los Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, al tratar el medio rural, y los desequilibrios de todo orden que este padece. Y ello, en el caso de Vélez Blanco en particular, pero, ya por extensión, de todos los Vélez, es una evidencia.   

Territorios necesitados
La actuación de la Junta de Andalucía ante situaciones como la presente no es graciable, sino que está, y debe estar, sujeta a Derecho, y deviene una necesidad la de realizar sus actos para con los territorios que más lo necesitan y las gentes que los habitan, porque hay peligro de que, o se hace ahora, o ya no habrá más posibilidad de hacerlo, nunca, por falta de base humana a la que amparar; y ello comportará y supondrá una actuación ominosa de los poderes públicos externos que, con su inacción, habrán contribuido al éxodo poblacional completo e irrecuperable de estas tierras.

Desconocemos si los poderes públicos andaluces son conscientes del mal causado por cuanto supone el destino de los fondos relativos al Patio del Castillo de Vélez Blanco, a otros supuestos, pero el agravio para con Vélez Blanco, su Historia, su patrimonio, su identidad y su derecho mismo a la supervivencia, es de los que ejemplifican qué no se debe hacer, por una Administración autonómica; lo mismo que para el conjunto de los Vélez y su misma y menguante realidad poblacional.

Efecto
Pero es que no son solo los Vélez y su capital histórica, los que sufren y sufrirán esa decisión. También se trata de una malísima noticia, un ejemplo nefasto, para las otras comarcas vecinas –almerienses, granadinas, y hasta jiennenses en situación similar en lo demográfico- por cuanto expresa todo ello un signo manifiesto de discriminación territorial, así como de abandono; en una palabra: de expulsión fáctica de los territorios y gentes de la periferia, con el aumento sucesivo, aún más, de la pérdida de oportunidades para la vida en Vélez Blanco –y los Vélez- por inacción de la Administración autonómica, con substracción de incentivos factibles para retener población.

Y ese es un mal –que tal vez la Junta de Andalucía desconozca- pero que, si desciende al territorio, y en concreto a la periferia y extremos geográficos del mismo, y lo atiende en sus necesidades, descubrirá que abate y golpea duramente a muchas comarcas del interior del entero Sureste peninsular (el que está bajo administración andaluza y el que está fuera), y causa, por indolencia, dolosa o culposa, de expolio efectivo de sus riquezas y valores (otro expolio, y este en el siglo XXI, no a principios del XX como aconteció con el Castillo), estando dichos recursos más que mermados/afectados en la zona en donde se inicia geográficamente lo que ha dado en llamarse la España vacía o vaciada (y de ahí hacia el interior, por otras varias Comunidades Autónomas, en continuidad territorial y contigüidad física y cultural), como ocurre, sin paliativos, y por desgracia, con los Vélez y las comarcas limítrofes de la Oróspeda y tierras anexas.

Evitar la discriminación
Deviene obligado que, de inmediato, la Junta de Andalucía, con arreglo a la legislación presupuestaria y financiera que le es propia, atienda y proteja las necesidades que requiere el Patrimonio Histórico representado por el Castillo de Vélez Blanco, en pro de su rehabilitación y restauración integral, en tanto que ejemplo sublime y señero para el conjunto del Arte Universal ubicado (aunque se olvide o, incorrectamente, se le tenga por poca cosa) en ámbitos geográficos bajo su administración, con las obligaciones inexcusables que ello comporta; inclusive el principio pro territorio o de atención a la diversidad territorial interna, en su misma esencialidad distributiva, y en su aplicación justa y equitativa. Todo ello, en vías a evitar la consagración de un supuesto clamoroso de discriminación, vetada por el artículo 14 de la Constitución y la legislación de la Unión Europea, especialmente para las zonas rurales y más desfavorecidas.  

Y, para el caso, de que lo anterior no se cumpla, de conformidad con el artículo 149.1.28ª de la Constitución, ante un supuesto flagrante y cierto de expolio, por activa y por pasiva, sea el Estado el que, ante la inacción manifiesta e ilegal de la Junta de Andalucía, para con el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y estatutarias en materia de patrimonio histórico y cultural de la riqueza que hay en la periferia del territorio administrado por aquella, deba necesariamente actuar y actúe como una solución posible en Derecho, ante un tal abandono y desamparo de Andalucía para con Vélez Blanco y los Vélez.

Ángel Custodio Navarro Sánchez es velezano y secretario del Consejo Insular de Ibiza y Formentera.