¿Seguimos sin un pacto para fortalecer a la maltrecha Justicia?

¿Pueden la Justicia española, el Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Pere Aragonés pensar que están saliendo indemnes de los titulares y comentarios de prensa que están acompañando al ‘caso Puigdemont’? Le cito a usted algunos de ayer mismo: “volcán Puigdemont”, “embrollo judicial”, “laberinto judicial”, “caos en la justicia española”, “lagunas jurídicas de Europa y el Tribunal Supremo”...

Y a todo esto, el fugado de Waterloo --y Marco Polo en media Europa--, saliendo victorioso en libertad tras su efímera detención en Cerdeña: “España no se cansa de hacer el ridículo”, declaraba el aventurero que ha llegado a europarlamentario tras ejercer, no sé si muy dignamente, como molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Un tipo como él permitiéndose la burla contra un Estado de Derecho, quizá la undécima potencia del mundo. Y aquí ¿no pasa nada?

No, no es España la que hace el ridículo, señor Puigdemont; son ciertos políticos españoles que, por pereza, miedo, desidia e incompetencia no han sabido dotar al Estado de armas legales para enfrentarse con éxito a situaciones ciertamente inéditas, pero que ya llevan cuatro años sucediéndose: las que provocan que, una vez tras otra, jueces europeos --y la Justicia europea, que no siempre es lo mismo-- den revolcones sin cuento a los magistrados españoles que, lamentándolo quizá mucho, han de atenerse a lo que dicen, no dicen o embarullan los textos legales.

Que si sedición o rebelión, que si euroorden o no, que si indultos o no, lo cierto es que el Supremo, representado esta vez por el juez instructor Pablo Llarena, que persigue sin fatiga a Puigdemont por media Europa, se está dejando unas cuantas plumas con el ‘procés’ catalán sin que la apática clase política española sea capaz de llegar a un gran acuerdo nacional para defender el estado de Derecho y el predominio de una legislación que, comenzando por algunos aspectos de la Constitución, al menos respete el sentido común, la equidad, la proporcionalidad y evite los titubeos de los magistrados ante textos que siembran la incertidumbre.

Sí, el diagnóstico es más grave que el simplismo de que los jueces europeos --y algunos dirigentes políticos-- no nos comprenden o, peor, nos tienen manía. Que un abogado como Gonzalo Boye, de tan malos antecedentes morales por cierto, se vaya pavoneando de haber propiciado ya cuatro revolcones a la Justicia española a cuenta de la extradición o no --que siempre es no-- de Puigdemont es algo que debería hacer meditar no a los magistrados, sino a los políticos que judicializaron, sin garantías de éxito, la vida política representada por los desmanes del ‘procés’ y que se han negado a consensuar reformas legales de calado.

No quiero librar tampoco al poder Judicial de algunas de sus culpas --por cierto ¿se ha dicho toda la verdad sobre la vigencia o no de la euroorden contra Puigdemont?--, ni diré que todos los medios españoles han estado finos y desapasionados al analizar este caso. Porque Puigdemont sí que es una figura ridícula, un saltimbanqui vestido de pícaro, que debería llamarse Lázaro y hacer nacido a orillas del Tormes, en lugar de en esta Girona aturdida por el fanatismo independentista sin remedio.

Pero lo peor de todo es que este personaje, que es como de una serie B, está poniendo en solfa, así como suena, y no vale rasgarse las vestiduras, el andamiaje judicial y la imagen de la democracia fuera de España, para no citar ya su evidente boicot a una salida negociada al problema del independentismo catalán. Me dicen que hasta preparan ya una serie --del lado ‘indepe’, claro-- sobre sus andanzas y aventuras. Y con todo esto ¿seguimos sin un pacto de Estado para fortalecer a la zarandeada Justicia de este país nuestro? Increíble, la verdad.