La imputación de la ex ministra González Laya por la entrada ilegal del polisario Ghali quedará en nada, como casi todos los casos de judicialización política. No obstante, el asunto, que ha traído su cola, la seguirá trayendo, pues no es un caso menor que nos coge en medio de dos países enfrentados, Argelia y Marruecos.
La primera pregunta es por qué Argelia, donde se encontraba Ghali quiso que se internase en España para ser tratado del Covid en vez de hacerlo en aquel país. Cabe pensar que por falta de infraestructuras sanitarias propias, pero podría haberlo pedido a Suiza, Alemania o cualquier otro país desarrollado. Lo hizo a España, a pesar de la imputación de cargos penales del presidente saharaui, por la dependencia de nuestro país del gas argelino, como acaba de evidenciarse ahora con la visita a Argel del ministro José Manuel Albares.
Nadie mejor que España para saber la oposición de Marruecos a semejante entrada; de ahí la clandestinidad de la operación, el uso de documentación falsa y todo tipo de nubarrones sobre el asunto. Y eso que estamos hablando, además, de alguien que ha sido enemigo de España, como evidencia su biografía y los resultados de la misma.
Así que España se encuentra en medio del conflicto argelino-marroquí sin prácticamente margen de maniobra. Marruecos ha demostrado que puede chantajearnos cuando y como quiera tras la avalancha migratoria en Ceuta, mientras que también dependemos de la voluntad argelina para nuestro suministro gasístico. Y hay que recordar el apoyo sin fisuras de Argelia a la independencia del Sahara, cuya república no existiría de no ser por el empecinamiento de aquel país.
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