Menos PGE, cualquier cosa

El Gobierno ha pasado la prueba de fuego de sus Presupuesto Generales del Estado para 2021 en el Congreso de los Diputados. Los dos grupos políticos necesarios no han presentado enmienda a la totalidad, es decir, que no han sido devueltos. Así que las cuentas siguen su largo camino hasta la aprobación definitiva hacia final de año. La cuestión es que han pasado la prueba a costa de concesiones. Unas que conocemos y que nada tienen que ver con los presupuestos y otras que aún no conocemos, pero que puede intuirse que nos saldrán carísimas.

Poco le ha importado al Gobierno y a sus socios que organismos tan importantes como la Airef o el Banco de España hayan desacreditado sus cuentas. El cuadro macroeconómico que lo acompaña está fuera de la realidad. Las previsiones de crecimiento son absolutamente irreales por lo que la previsión de ingresos no se la cree nadie y por tanto el déficit y la deuda serán mayores. Lo que sí es seguro es que los gastos serán los que marcan los presupuestos si no más elevados.

Es una auténtica vergüenza que el Gobierno a sabiendas de que sus previsiones de crecimiento de la economía, tanto para este año como para el próximo, se parecen a la realidad como un huevo a una castaña siga empeñado en no revisarlas. Ya no queda servicio de estudios u organismo nacional e internacional que no haya rebajado las expectativas sobre la evolución económica de España.

De hecho, vamos a seguir siendo una de las economías que más va a tardar en recuperar el PIB anterior a la pandemia. Tampoco en recuperación del empleo o de la tasa de paro, teniendo en cuenta que se siguen contando como personas que trabajan a las que siguen en ERTE o en jornadas a tiempo parcial. Además, por supuesto de los numerosísimos empleos que se han sumado a las Administraciones Públicas. Tampoco es de recibo que la tasa de paro, cercana al 15% también en 2022, sea para estar satisfechos teniendo en cuenta que dobla la media de la eurozona y triplica la de países como Alemania.

En fin, presupuestos que no son presupuestos, reformas laborales que no son reformas sino retoques o leyes de vivienda que quizá no se apliquen nunca, pero que sí generan una clara incertidumbre e inseguridad jurídica que ya estamos pagando y que seguiremos pagando en forma de inversiones o de precios más altos de la vivienda y mayores dificultades para acceder a ella.