El campo almeriense y la inacción del Gobierno de Sánchez

Por si alguien pensaba que los agricultores tenían pocos problemas, desde las ventas a pérdidas que sufren hasta la amenaza real de que la sostenibilidad medioambiental no tenga una traducción económica y social, se suma también los distintos frentes abiertos que exigen toda la atención: la competencia desleal que sufre el sector (sobre todo desde Marruecos); la subida de los costes energéticos y de materiales tan necesarios para el sector como el plástico; o la legislación del Pacto Verde y la Granja a la Mesa… Frentes que no sólo afectan directamente a un sector vital como es el primario, sino que también acaban provocando un encarecimiento notable en la cesta de la compra.

Los agricultores no compiten en igualdad de condiciones con los productos generados en muchos países que no pertenecen a la Unión Europea. Marruecos, por ejemplo. Nadie discute que el vecino del sur debe ser un aliado prioritario para los intereses de España, por numerosas e importantes razones. Pero esto no debería ser incompatible con la protección de nuestra agricultura, especialmente con la parte más perjudicada, que es el sector hortofrutícola almeriense y, por ende, andaluz. El Gobierno de Pedro Sánchez parece más preocupado por no enfadar a Marruecos que por proteger los intereses de nuestros productores, siendo un sector estratégico para nuestra economía almeriense y por ende andaluza.

El tomate marroquí inunda el mercado europeo a precios que no tienen nada que ver con los costes que sufren nuestros agricultores; además utilizan productos que la UE pretender limitar y en algunos casos prohibir, y con una mano de obra cuyos costes y condiciones nada se parecen a las de nuestro campo.

Almería cuenta actualmente con un 16% menos de hectáreas de tomate de invernadero que hace nueve años, lo que supone casi 2.000 hectáreas de producción menos. Las principales razones son la falta de rentabilidad de este cultivo y la imposibilidad de hacer frente a la competencia de países terceros, especialmente Marruecos. Los costes de la mano de obra en Marruecos son mucho más bajos que en España así como también son muy inferiores los  estándares medioambientales y fitosanitarios.

Tenemos una oportunidad para reparar esta situación injusta. La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anula el acuerdo comercial y de pesca entre la UE y Marruecos porque implica comerciar con productos del Sáhara Occidental (un territorio que la comunidad internacional no reconoce como marroquí) debe servir para que el Gobierno exija la revisión y modificación del acuerdo en apartados como el certificado de importación, el sistema de precios de entrada y la distinción de productos.

Modificar y hacer que este acuerdo se cumpla es imprescindible para evitar que se abandonen cultivos tan tradicionales como el del tomate almeriense, cuya supervivencia depende de una triple sostenibilidad: medioambiental, económica y social.

El otro frente de enorme preocupación para el campo es el impacto que está teniendo la subida brutal de los costes energéticos causando un increíble aumento de los costes de producción para el agricultor. Disparando también los precios de los alimentos en los lineales, pero sin que el mismo repercuta en los productores que son los primeros perjudicados por ese aumento de los costes. Necesitamos que el Gobierno Central exija que tanto los 27, como la Comisión Europea, se ocupen de esta situación para garantizar la estabilidad en la cadena alimentaria. 

La Comisión, particularmente, tiene que ajustar sus prioridades en este contexto, ahora mismo demasiado escoradas hacia una política medioambientalista que no valora la sostenibilidad social y económica del sector primario. Precisamente por ello, en octubre la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo votó en contra del informe ‘De la Granja a la Mesa’, puesto que no contaba con base científica para fijar objetivos en materia de pesticidas, fertilizantes y superficie ecológica.

Desde Ciudadanos le advertimos al Sr. Sánchez que está bien que no quiera enfadar a Marruecos, pero ¿y si los que se enfadan son los agricultores andaluces, los horticultores almerienses? razones no les faltan. Sr. Sánchez, tome medidas que abaraten esos costes insoportables y que eliminen de forma rápida y eficaz  la competencia desleal y mire un poco por nuestros agricultores almerienses, pilar de nuestra economía y orgullo de todos.