¿Prohibir la prostitución?

Prohibir o regular. Esa es la cuestión de fondo. Y ahora también de forma, si tenemos en cuenta que los socios podemitas del PSOE en el Gobierno no acaban de estar de acuerdo con la doctrina abolicionista marcada por Carmen Calvo cuando, en vísperas de su cese como vicepresidenta, puso sobre la mesa un borrador que exalta la dignidad de la mujer y abomina de que “nuestra libertad sexual pueda convertirse en una mercancía”.

El problema es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que le correspondería llevar la voz cantante en este asunto no está por la prohibición sin más, sino por la “autonomía económica” de las prostitutas y la educación sexual que desincentive la demanda sin sancionar a los consumidores, si bien dentro del partido morado también reinan las discrepancias.

En el pensamiento de Carmen Calvo, supuestamente heredado por Pedro Sánchez, aunque nunca se sabe, el asunto debe abordarse con clara voluntad derogatoria. De hecho, cuando la todavía vicepresidenta anunció que tenía preparado el borrador, precisó que este contemplaba la abolición de la prostitución. Y se mostró dispuesta a convencer al socio de Gobierno para llevar adelante el asunto en forma de proyecto de ley.

Eso es lo que parece haberse atascado, a la vista de unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el mes pasado aseguró que no será posible aprobar una ley integral en esta legislatura. Significa que si Sánchez quiere cumplir con una de las tres promesas derogatorias de su discurso ante el último congreso del PSOE (las otras dos fueron la reforma laboral y, la ley mordaza) tendría que hacerlo a través de una proposición de ley del grupo parlamentario socialista, no mediante un proyecto de ley del Gobierno.

Se explica el frenazo. Aparte de las cuestiones relacionadas con la técnica jurídica (el asunto está conectado a unas cuantas figuras penales, como el proxenetismo, la trata de blancas, las mafias, etc) hay un debate social muy vivo entre los abolicionistas y los partidarios de regular la actividad como un trabajo más. También existen las dos corrientes en el movimiento feminista. Se supone que el Gobierno se adhiere a la derogatoria, la que niega que eso sea una profesión.

Pero esa posición choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en junio de este año reconoció el derecho de las prostitutas a sindicarse, lo cual apunta a la necesidad de regular y no de prohibir el trabajo sexual remunerado, a la luz del derecho laboral ordinario.

Menos de un mes ha pasado desde aquel discurso de clausura del presidente en el cónclave nacional de su partido y nadie sabe cuál será el paso siguiente. Una proposición de ley, tal vez, del grupo parlamentario socialista. No del Gobierno, como hubiera querido Calvo.