Una decisión necesaria

¿Se pueden restringir algunos derechos a quienes se niegan a vacunarse? El debate está abierto, habida cuenta de que en distintos países han decidido que los ciudadanos que se niegan a vacunarse no pueden entrar en lugares públicos, y tampoco acceder a sus puestos de trabajo si esto conlleva trato con otras personas.

En nuestro país también hay voces que defienden está posibilidad: limitar el acceso a lugares públicos a las personas que hayan optado por no vacunarse. Y es que el Covid ha vuelto a hacerse presente con especial virulencia en la mayoría de los países europeos. Pero también entre nosotros, semana tras semana, repunta la incidencia de nuevos contagios, por más que podamos sentirnos orgullosos de ser uno de los países con altísimas cifras de vacunación, casi el noventa por ciento de la población. En Alemania rozan el setenta y la todavía canciller Angela Merkell ha acordado con los ‘lander’ medidas restrictivas para intentar frenar el Covid al tiempo que ha dejado dicho que la gente tiene el deber de vacunarse.

Lo mismo sucede en Austria, donde la incidencia del Covid se ha disparado y su Gobierno ha decidido restringir los movimientos a las personas que no se han vacunado, mientras que Italia y Francia ya han adoptado medidas contundentes obligando a que los ciudadanos presenten el pasaporte Covid para acceder a determinados trabajos y lugares públicos. Naturalmente hay que hacer una salvedad: la de aquellas personas que por motivos de salud los médicos aconsejan que no se vacunen.

Y es que las cifras son elocuentes: la mayoría de quienes ingresan en un hospital o en una UCI son personas no vacunadas.

De manera que cabe preguntarse si estas personas que se niegan a vacunarse tienen derecho a poner en riesgo la salud de otros ciudadanos que, aunque vacunados, pueden ser contagiados por el Covid aunque sus efectos sean menos dañinos.

Sin duda, hay un conflicto de derechos. Hay ciudadanos que en uso de su libertad pueden negarse a vacunarse pero su derecho choca frontalmente con el derecho a la salud de la mayoría de la ciudadanía que sí ha optado por la vacuna.

En mi opinión, quienes se niegan a vacunarse además de insolidarios constituyen un peligro para el resto de sus conciudadanos. Por tanto es más que comprensible la necesidad de buscar un equilibrio entre salvaguardar su derecho individual pero sin poner en peligro al resto de la población, de ahí que no es descabellada la decisión que han ido adoptando en otros países europeos: la de restringir las actividades de quienes no se vacunan, como es no poder acceder a organismos públicos, ni a restaurantes, cines, peluquerías, eventos deportivos, espectáculos, etc.

Sí, tienen derecho a no vacunarse, pero no a contagiar al resto de los ciudadanos que acudimos a lugares públicos y debemos hacerlo con la confianza de que no vamos a encontrarnos con alguien que no se ha vacunado. Esa es la cuestión; por tanto es más que oportuno el debate y también la adopción de decisiones por parte de los responsables políticos respecto a cómo proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos que han decidido no vacunarse. Se trata de preservar la salud, de salvar vidas, ni más ni menos.